San Juan apura un operativo con los municipios para destrabar miles de títulos de propiedad
La Provincia reunirá a los intendentes para ordenar una estrategia común y resolver la situación de más de 10.000 viviendas que todavía esperan escritura. La meta es darle respuesta a familias que arrastran esta deuda desde hace años, e incluso décadas.
El Gobierno de San Juan prepara una nueva avanzada para meterle ritmo a la regularización dominial de viviendas en toda la provincia. La movida incluirá una convocatoria a los municipios para unificar criterios y encarar, de una vez por todas, la escrituración de más de 10.000 inmuebles que siguen sin título de propiedad. La reunión sería la próxima semana y estará encabezada por la Asesoría Letrada de Gobierno, con la presencia de intendentes o de los funcionarios que cada comuna designe.
La idea es revisar caso por caso la situación de cada departamento y buscar caminos legales que permitan destrabar expedientes que llevan años dando vueltas. Según informaron desde el Ejecutivo, al arrancar la actual gestión había cerca de 12.000 viviendas adjudicadas sin escritura. En el último año y medio, unas 2.000 familias lograron regularizar su situación, pero todavía queda un número enorme de casos pendientes.
El problema no se limita a barrios levantados por el IPV. También alcanza a loteos impulsados por municipios y a conjuntos habitacionales desarrollados hace décadas por cooperativas, uniones vecinales, sindicatos, fundaciones y otras entidades que con el tiempo desaparecieron o quedaron con enredos administrativos. Ese combo dejó a miles de familias viviendo legalmente en sus casas, pero sin el papel definitivo que acredita la propiedad.
La falta de escritura no es un detalle menor: complica sucesiones, donaciones y cualquier trámite vinculado al inmueble. Por eso, la Provincia apunta a trabajar codo a codo con los municipios, que manejan información territorial y antecedentes clave de muchos desarrollos habitacionales. El objetivo es detectar los casos que siguen trabados en cada departamento y brindar el acompañamiento técnico y jurídico necesario para avanzar expediente por expediente.
En paralelo, el Ejecutivo también avanza con una reforma de la normativa que regula al IPV. El proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para actualizar el marco legal del organismo, sumar herramientas acordes a las políticas habitacionales de hoy y ordenar aspectos que hasta ahora no tenían una reglamentación específica. Con estas medidas, la Provincia busca darle una salida concreta a una deuda que, en algunos barrios, lleva más de 30 años esperando resolución.
