Una misión humanitaria fue frenada en Bolivia y terminó de regreso a la Argentina

Una delegación argentina que viajó a Bolivia para fiscalizar denuncias por violaciones a los derechos humanos terminó envuelta en un episodio de alto voltaje. Según informaron, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira les impidió cumplir con la misión y los obligó a salir del país. La comitiva había llegado este lunes de madrugada al aeropuerto de El Alto, pero la situación se desmadró en cuestión de minutos.

Entre quienes integraban el grupo estaban el diputado nacional de Fuerza PatriaJuan Marino, la legisladora porteña Vanina Biassi, Soledad Mosquera de Ademys, María José Cano de la CTA-A y Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros. De acuerdo con la información difundida, les retuvieron los documentos, los subieron a un vuelo con destino a Santa Cruz y luego quedaron otra vez rumbo a la Argentina. Desde la delegación aseguraron que no pudieron siquiera descender del avión y que todo se manejó con una dureza que los dejó atónitos.

Biassi, que además integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron "secuestrados con represión policial" y describió lo ocurrido como una muestra de "una verdadera dictadura militar". También afirmó que habían sido claros sobre el motivo de su viaje y que denunciaron al Presidente porque, según dijo, intenta instalar el Estado de sitio. En la misma línea, Barry aseguró que "no los dejaban bajar del avión" y que el trato recibido "fue igual al de un secuestro".

La dirigente también denunció que intentaron hacerles firmar un documento con "causas truchas" sobre los objetivos de la misión. Mientras tanto, el jefe del bloque de Diputados del peronismo, Germán Martínez, le exigió a las autoridades bolivianas que Marino pudiera cumplir con las tareas para las que había sido invitado por la Asamblea Plurinacional. Además, reclamó que las autoridades consulares argentinas garanticen su libertad e integridad física. La misión, por su parte, sostuvo que la expulsión violó la Constitución boliviana y los tratados de derechos humanos.

En su comunicado, la delegación afirmó que la represión estatal y paraestatal en Bolivia ya dejó una decena de asesinatos, además de presos políticos, torturas, falta de atención médica, secuestros de dirigentes sindicales, campesinos e indígenas, agresiones a la prensa y actos de discriminación y racismo. También advirtieron que la situación de la misión humanitaria sigue siendo delicada y pidieron a organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales que se mantengan en alerta.