Exdirectivos de OSSE apuntan contra la jueza del caso Acueducto Gran Tulum y piden apartarla

La causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó un capítulo fuerte y bien caliente. Esta vez, el foco no quedó solo en la megaobra, sino también en la jueza que lleva el control del expediente. Los ex titulares de OSSE, Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, avanzaron con una denuncia penal contra la jueza de Garantías Mónica Lucero. Además, pidieron que sea apartada de la investigación por entender que no puede seguir interviniendo con la objetividad que exige el caso.

La presentación fue hecha ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales por intermedio del abogado Nasser Uzair. El planteo nace a partir de una resolución dictada a mediados de junio, donde Lucero sostuvo que los exfuncionarios no podían participar activamente en la etapa preliminar porque todavía no existe una imputación formal en su contra. Para la defensa, esa decisión los dejó prácticamente afuera de un expediente que podría complicarlos más adelante. Según remarcan, quedaron sin acceso pleno a información, sin posibilidad de ofrecer pruebas, de cuestionar medidas o de plantear nulidades.

Los abogados sostienen que esa postura va en contra de reglas procesales que permiten presentarse de manera espontánea y designar defensa antes de una imputación. También aseguran que se vulneraron garantías constitucionales ligadas al derecho de defensa. Uno de los puntos que más ruido hizo en el planteo es que, según dicen, la misma magistrada primero reconoció la participación del defensor al ordenar su notificación para una audiencia y después cambió de criterio. Para la defensa, ese giro no está bien explicado y refuerza la sospecha de que la jueza ya no mantiene la distancia necesaria para seguir en la causa.

En paralelo, Sirerol y Ruiz afirman que la resolución cuestionada repite argumentos de la Fiscalía y de la Fiscalía de Estado sin un análisis propio. Por eso hablan de una falta de imparcialidad manifiesta y piden la recusación. Del otro lado, la investigación sigue su marcha y hace poco la propia Lucero autorizó una prórroga extraordinaria de 90 días hábiles, pedida por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, para profundizar distintas líneas del expediente. La causa nació de una denuncia impulsada por Marcelo Arancibia, del GEN San Juan, y apunta a revisar el proceso de contratación y ejecución de una obra financiada con un crédito internacional otorgado por el Estado de Kuwait.

Mientras tanto, los investigadores buscan determinar si hubo conductas que puedan encuadrar en delitos contra la administración pública. Entre las figuras que están bajo la lupa aparecen negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, tráfico de influencias y cohecho. En ese contexto, el expediente suma tensión y deja a la Justicia frente a un conflicto paralelo que promete seguir dando que hablar en San Juan.