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Arranca el juicio

Un clan familiar, bajo la lupa federal por presunto desvío de planes sociales

La Justicia investiga una presunta maniobra con beneficios sociales que habría dejado a muchos beneficiarios con menos plata de la que les correspondía. El expediente nació tras un operativo en 2017 y ahora podría cerrarse con un acuerdo abreviado.

Un clan familiar, bajo la lupa federal por presunto desvío de planes sociales

Este miércoles debería empezar el juicio oral contra Romeo Isidoro Saavedra, histórico referente político de Chimbas vinculado al PJ, junto con su hija Sol Araceli Saavedra y su hermano Juan José Saavedra. Los tres están acusados de haber integrado una presunta organización dedicada a sacar plata de programas sociales mediante maniobras fraudulentas. La causa quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, con la presidencia del juez Hugo Echegaray. Pero ojo, porque en los pasillos judiciales ya se habla de conversaciones entre la Fiscalía y las defensas para cerrar todo con un juicio abreviado.

Ese mecanismo les permitiría a los imputados reconocer los hechos y, a cambio, recibir una pena menor. La investigación arrancó el 20 de diciembre de 2017, cuando policías intervinieron en el Banco Hipotecario después de que clientes advirtieran movimientos raros en un cajero automático. En ese operativo fue demorado Romeo Saavedra, que llevaba consigo decenas de tarjetas de beneficiarios de programas sociales y dinero obtenido de distintas extracciones. Desde ahí, la Justicia Federal empezó a tirar del hilo y apuntó a una presunta estructura familiar que habría manejado beneficios del Estado con una lógica, cuanto menos, muy cuestionada.

Según la acusación, Juan José Saavedra también quedó comprometido porque trabajaba en un área vinculada al empleo dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación. La pesquisa sostiene que los beneficiarios recibían apenas una parte de lo acreditado, mientras el resto quedaba en manos de los acusados. Por esos hechos, los tres fueron procesados por asociación ilícita y fraude contra la administración pública nacional. Ahora será la Justicia la que defina si el caso avanza con debate oral o si termina cerrándose con una salida abreviada.

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