La Corte tiene la llave y puede destrabar la pelea por los fondos universitarios
El máximo tribunal ya quedó en condiciones de decidir sobre la pulseada entre el Gobierno y las universidades por la Ley de Financiamiento Universitario, mientras la norma sigue frenada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó este martes en posición de meterse de lleno en la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una pulseada que viene subiendo de tono entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. El expediente ya está listo para que los jueces tomen una definición, y en los pasillos judiciales crece la expectativa. La discusión no es menor: está en juego la aplicación de una norma clave para el sistema universitario.
El conflicto arrancó cuando el Ejecutivo objetó la ley, primero con un veto parcial en 2025 y después cuando el Congreso insistió con su sanción. Desde el oficialismo remarcan que la norma no deja claro de dónde saldrían las partidas presupuestarias ni cuáles serían las fuentes de financiamiento para cubrir los fondos que exige su puesta en marcha. En ese contexto, la Corte tiene previsto tratar el tema en su próxima reunión de acuerdo, fijada para este jueves.
La ley contempla la actualización automática de partidas según la inflación, además de la recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes. También incluye fondos para becas estudiantiles, obras de infraestructura y hospitales universitarios, puntos que son mirados con mucha atención por la comunidad académica. Sin embargo, su aplicación quedó frenada por la Ley de Presupuesto 2026 y por la Decisión Administrativa 20/2026, lo que terminó de encender la disputa.
En ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una medida cautelar que fue avalada tanto en primera como en segunda instancia. La respuesta del Gobierno fue llevar el caso a la Corte a través de un recurso extraordinario, donde advirtió que aplicar los artículos 5 y 6 podría provocar un "grave e irreparable perjuicio al Estado". Mientras tanto, las universidades empujan un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para destrabar las transferencias pendientes.
Hasta que el máximo tribunal resuelva el recurso, la ley seguirá suspendida y el Ejecutivo no tendrá la obligación de girar los fondos. No hay plazos definidos para una decisión, así que por ahora todo depende de lo que pase en Tribunales. Según fuentes citadas por TN, la Corte incluso podría rechazar el planteo sin entrar al fondo, usando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si eso ocurre, quedaría firme el fallo de Cámara que ordena al Gobierno transferir los recursos previstos para las universidades nacionales.
