El Gobierno pone la lupa en la AFA: veedores en acción para desenmarañar negocios y balances

El Ministerio de Justicia no se anduvo con vueltas y dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras un pedido oficial de la Inspección General de Justicia (IGJ). Es que no es cualquier cosa: la medida apunta a revisar documentación, auditar cuentas y meterse de lleno en la maquinaria administrativa de la entidad que comanda Claudio "Chiqui" Tapia, poniendo en jaque el escenario futbolero y político del país.

La resolución oficial marca que durante 180 días hábiles, los veedores tendrán manos libres para investigar los números, conexiones con empresas privadas y hasta la creación de la polémica Universidad de la AFA (UNAFA). La falta de papeles claros y la negativa a entregar información en tiempo y forma son la punta del iceberg que llevó a esta decisión.

El expediente que dio pie a esta movida comenzó a fines de febrero, cuando la IGJ detectó lo que definió como "graves irregularidades". Retrasos sin explicación, estados contables poco claros y ausencia total de respaldos para la salud financiera de la AFA encendieron todas las alertas, justo cuando la institución goza de un aumento considerable de ingresos tras el éxito del Mundial de Qatar.

El bolsillo del fútbol argentino, con contratos, derechos televisivos y premios, despertó sospechas por la falta de transparencia. Particular atención merecen los negocios con intermediarios y compañías como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, apuntados por la IGJ para desentrañar el destino de la guita que gira entorno a nuestro deporte más popular.

No se trata de una intervención a fondo ni de sacar a los dirigentes a patadas, sino de un seguimiento bien de cerca mediante veedores externos. Rubén Miguel Pappacena, contador, y Agustín Ortiz de Marco, abogado, tendrán la tarea de escudriñar libros, papeles y contratos para ver si todo está en regla o si hay marras.

La veeduría se enfocará también en la Universidad de la AFA, un proyecto que levantó polvareda y del cual pretenden verificar cómo se manejaron los fondos y qué rúbricas firmaron. Además, el debate sobre dónde se debe controlar a la AFA está al rojo vivo: la entidad afirmó que mudó su domicilio a la provincia de Buenos Aires para zafar de la IGJ de la Ciudad, pero esa movida es cuestionada y tiene implicancias políticas pesada.

Por un lado, el respaldo del gobierno bonaerense a la AFA; por otro, la IGJ dependiente del Ministerio de Justicia nacional. Un juego de poder que tiene al fútbol en el medio de la cancha y con los ojos de todos encima.

El ministro Juan Bautista Mahiques tomó la posta y, sin vueltas, decidió que la veeduría siga adelante, manteniendo a los veedores previos para cuidar el rigor y la imparcialidad. Aunque no hay penas ni remoción en esta etapa, si salen cosas feas en el informe, el gobierno podría mandar con todo: sanciones, pedidos judiciales y hasta una intervención más profunda.

El trasfondo económico es claro: la AFA es una mina de oro que creció a pasos agigantados y ahora tiene que demostrar que sus millones están manejados con pulcritud y sin sombras. El futbolista más popular del país se mete en un laberinto de papeles, dineros y poder con un futuro que todavía promete bastante ruido y goles polémicos dentro y fuera de la cancha.