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El Sindicato de Empleados Públicos sale al cruce pidiendo aumento para las fuerzas de seguridad sanjuaninas

El gremio elevó un reclamo formal al Gobierno provincial para actualizar los salarios de policías y penitenciarios, aduciendo que la inflación les está comiendo el salario. Proponen una suba gradual en 2026 para recuperar el poder adquisitivo perdido.

El Sindicato de Empleados Públicos sale al cruce pidiendo aumento para las fuerzas de seguridad sanjuaninas

El Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de San Juan presentó una nota al gobernador Marcelo Orrego con un pedido claro: que se revise y actualice el sueldo de quienes defienden la seguridad provincial. La inflación nacional pegó duro y los salarios no dan abasto para cubrir las necesidades básicas de estas familias.

Firmado por el secretario general, José Alberto Díaz, el documento apunta a los efectivos de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial, y plantea una recomposición en dos etapas durante todo 2026. La idea es recuperar casi el 100% del sueldo perdido a lo largo del año, con ajustes que sigan el Índice de Precios al Consumidor.

En diálogo con Del Sur Diario, desde el sindicato subrayaron que las responsabilidades que tienen estos trabajadores no son para nada normales: horarios fuera de sistema, llamados a cualquier hora y un compromiso constante ante cualquier situación riesgosa, aún cuando no estén oficialmente trabajando. "No es lo mismo empuñar el uniforme que cualquier otro laburante estatal", recalcaron.

Según el petitorio, el ingreso mensual ronda los 700 mil pesos, cifra que no basta ni para cubrir los gastos esenciales hoy por hoy. Y remarcan que depender de adicionales para completar el salario termina reduciendo el tiempo de descanso y la vida familiar, algo que ya está bastante castigado.

También alertan sobre los peligros que enfrentan al actuar en hechos delictivos, con consecuencias que pueden afectar su salud física y mental, y, por qué no, a sus seres queridos. Para rematar, cuestionan que el pago de adicionales se demora semanas o incluso meses en algunos casos, lo que complica aún más la situación económica del personal.

Desde la organización sindical dejaron en claro que este reclamo sigue la vía institucional y respetan las normas vigentes. Aunque las fuerzas de seguridad no pueden parar la marcha con medidas de fuerza, aseguran que defender sus derechos laborales es totalmente legítimo y necesario a través del diálogo con el Estado.

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