En el programa DQE de Telesol, la psicóloga Norma Obone, integrante del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, y la médica psiquiatra Laura Tamarit analizaron el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental 26.657, que obtuvo media sanción en el Senado. Acompañadas por el columnista Luis Jiménez Agüero, coincidieron en que el texto no resuelve las fallas estructurales y desatiende la realidad de las provincias.
Obone remarcó que el problema central ha sido el incumplimiento presupuestario. "Es una ley que implica una financiación de un 10% del presupuesto; históricamente nunca se dio y actualmente es el 2% que está asignado dentro del presupuesto nacional", detalló. Advirtió además que la reforma traslada la responsabilidad económica a las provincias sin especificar partidas para medicación, internaciones o dispositivos comunitarios.
Tamarit se refirió al abordaje de los padecimientos y desmintió que la norma vigente impida las internaciones involuntarias. Señaló que estas ya se realizan ante situaciones de riesgo cierto e inminente, evaluadas por la Justicia de Familia.
La psiquiatra cuestionó también el mayor protagonismo exclusivo del médico psiquiatra en la toma de decisiones. "Hay como una necesidad mayor de un psiquiatra y somos el recurso más escaso", advirtió, y puso en duda la efectividad de las videollamadas para avalar internaciones de urgencia.
Sobre la infraestructura provincial, Tamarit recordó el proceso de adecuación del Hospital General Julieta Lanteri, surgido a partir de denuncias para evitar la lógica asilar del antiguo proyecto del Hospital Mental de Zonda y promover un esquema abierto y de atención general.
Obone, por su parte, apuntó al recorte en las residencias formativas interdisciplinarias, como la residencia Risan en San Juan, herramienta clave para el trabajo integral que propone el modelo comunitario.
La media sanción en el Senado fue aprobada con 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y el proyecto quedó girado a la Cámara de Diputados. Entre los cambios se mencionan la incorporación explícita de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, la habilitación de la teleconsulta con psiquiatras cuando no pueda garantizarse presencia física, y nuevos criterios para las internaciones involuntarias ante riesgo grave para la vida o la integridad física propia o de terceros.
De cara al tratamiento en Diputados, las profesionales expresaron preocupación por la falta de consulta a los colectivos de usuarios y a las asociaciones profesionales. Reclamaron una perspectiva federal que atienda las limitaciones concretas de recursos en el interior del país, donde la mayoría de los distritos no cuenta con guardias activas las 24 horas ni especialistas suficientes para cubrir toda la semana.