En San Juan, el convenio firmado entre el Gobierno provincial y Vicuña ya empezó a correr contra el reloj. El acuerdo prevé un desembolso de US$ 250 millones y necesita la aprobación de la Legislatura dentro de un plazo de 60 días. Si no sale la ley a tiempo, el entendimiento queda sin efecto.
La firma se hizo el 5 de agosto y desde entonces la cuenta regresiva no se detuvo. Por eso, el próximo 4 de octubre aparece como fecha clave para la provincia y para las obras que podrían financiarse con esos fondos, que no están pensados solo para Iglesia, sino para distintos puntos del territorio sanjuanino.
Con ese panorama, el Gobierno decidió mover fichas y este viernes, a las 8:30, llevará a la Cámara de Diputados a varios funcionarios para explicar el convenio y tratar de despejar dudas. La idea es acelerar el tratamiento y evitar que el expediente se trabe en la Legislatura.
Según fuentes calificadas, irán el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. También podría sumarse el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.
El acuerdo fija que los fondos se usarán para obras de infraestructura y que los desembolsos no serán de una sola vez, sino contra avance certificado de los trabajos. Entre las obras que ya se mencionaron aparece la ruta 40 norte, entre Albardón y San Roque, en Jáchal, aunque también hay otras iniciativas viales, de agua, saneamiento y vivienda en carpeta.
La letra chica también marca que las empresas deberán elegirse por licitación pública, bajo el régimen de Obras Públicas de San Juan, y que el Tribunal de Cuentas podrá controlar el esquema. Además, el dinero no podrá usarse para propaganda política ni campañas electorales.
Otro punto central es el rol del Banco de San Juan, que será el fiduciario y cobrará una comisión del 0,45% anual sobre el patrimonio fideicomitido. A partir del sexto año de producción y comercialización, Vicuña deberá hacer un aporte equivalente al 1,5% de la base de cálculo prevista para las regalías mineras.
El convenio también mantiene una regalía del 3% sobre el valor bruto de comercialización de los minerales, y no sobre boca de mina. Además, si surge un conflicto, primero habrá un plazo de 90 días para intentar resolverlo y, si no hay acuerdo, podrá ir a arbitraje en San Juan bajo reglas de la Cámara de Comercio Internacional.