Las diputadas nacionales Carolina Basualdo y Alejandra Torres movieron fichas en el Congreso Nacional con dos proyectos que van al hueso. La idea es pegarle a la trata de personas por dos frentes: cerrar los lugares donde opera y apretar el Código Penal.
Uno de los textos apunta a prohibir, en jurisdicción federal, los espacios ligados a la explotación sexual. Ahí entran whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, locales de alterne, agencias de acompañantes y casas de masajes con oferta sexual. También suma la pata digital y los inmuebles de alquiler temporal usados para ese negocio.
La propuesta no se queda en la prohibición y va por la clausura inmediata, definitiva e irredimible de esos lugares cuando se compruebe la infracción. Además, declara nulos los actos administrativos que los habiliten y les pide a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires que acompañen con normas parecidas. Nada de dejarle la puerta entreabierta al bardo.
El otro proyecto toca de lleno los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. La pena básica por trata pasaría de cuatro a ocho años a una escala de seis a doce, mientras que las agravadas subirían de diez a veinte años cuando haya violencia, engaño, abuso de vulnerabilidad o participación de funcionarios, entre otros casos.
Las legisladoras sostienen que la escala actual queda corta frente a la gravedad del delito y que un endurecimiento así puede complicar beneficios procesales y alargar la prescripción en causas difíciles. También plantean reforzar la educación sexual integral con contenidos sobre trata, captación digital y grooming, más campañas para difundir la Línea 145. ¿Se viene una mano más dura o el debate va a quedar picando?