En España, el caso de un hombre al que le quitaron la jubilación volvió a poner sobre la mesa una discusión que también pega fuerte en cualquier familia: qué pasa cuando una persona llega a la edad de retirarse, pero no logra completar todo lo que pide la ley.
Esta semana, el Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana resolvió que el hombre, que tenía 18 años de aportes, se había “apartado voluntariamente del mercado de trabajo” cuando dejó su último empleo registrado. Con esa mirada, ratificó la decisión de primera instancia y le negó la pensión.
Según el fallo, el reclamo no prosperó porque en los últimos 15 años de vida laboral había trabajado apenas 231 días, muy por debajo de los 711 días que exige la ley para ese período. Aunque había podido acreditar los 15 años mínimos de aportes, los jueces consideraron que eso no alcanzaba.
El hombre explicó que durante ese tiempo atravesó situaciones difíciles: el cuidado prolongado de un familiar, la muerte de su esposa y luego un diagnóstico de depresión y ansiedad. También señaló que tuvo trabajos informales y períodos de prueba en los que no fue efectivizado.
Pese a esos argumentos, el máximo tribunal entendió que esas circunstancias eran “relevantes”, pero no suficientes para justificar la falta de aportes. Para los magistrados, hubo falta de “animus laborandi”, es decir, voluntad para trabajar, y por eso no correspondía aplicar la llamada “doctrina del paréntesis”.
El caso, difundido por El Debate, de España, deja una señal clara sobre cómo la Justicia puede interpretar los baches laborales y los requisitos para jubilarse, un tema que toca de cerca a cualquiera que haya pasado años peleándola para llegar a fin de mes.