Nuevas reglas para frenar amenazas digitales contra escuelas
El Ministerio de Seguridad Nacional ajustó el protocolo para actuar ante posibles ciberdelitos ligados a colegios. La norma suma excepciones para seguir investigando cuando haya peligro serio para menores o para la comunidad educativa.
Ante la seguidilla de amenazas que circulan por redes sociales contra establecimientos educativos, el Ministerio de Seguridad Nacional metió mano en el protocolo que ordena cómo actuar frente a posibles ciberdelitos en el ámbito escolar. La modificación quedó oficializada este miércoles con la Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema marca qué deben hacer las fuerzas de seguridad cuando, en una investigación preventiva, aparecen involucrados niños, niñas o adolescentes.
La base de la norma se mantiene firme: no se pueden recolectar ni analizar datos sensibles de menores sin orden judicial, tal como exige la Ley de Protección de Datos Personales. En un primer momento, si durante una tarea preventiva surge la participación de un menor, el procedimiento debe frenarse y avisarse a la autoridad correspondiente. Pero ahora el protocolo abre una puerta para no cortar la pesquisa en situaciones de alto riesgo.
Eso va a pasar cuando exista un peligro grave e inmediato, como amenazas contra la vida de un chico, casos de desaparición, señales de autolesiones o suicidio, o cuando el menor sea víctima de un delito informático que necesite seguimiento. También se contemplan los escenarios en los que haya indicios de planificación o difusión de amenazas de violencia masiva contra escuelas u otros espacios públicos. En esos casos, la investigación podrá seguir adelante aunque el expediente involucre a un menor, ya sea como posible víctima o como presunto autor.
La resolución aclara que cada intervención bajo estas excepciones deberá quedar bien fundamentada y comunicarse de inmediato a la autoridad a cargo de la causa. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el objetivo es ganar rapidez frente a hechos que puedan poner en jaque a la comunidad educativa, sin descuidar los derechos de niños, niñas y adolescentes. La medida se enmarca en la política nacional de fortalecimiento de la ciberseguridad y forma parte del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y del programa FORCIC, orientado a mejorar la prevención e investigación de delitos en entornos digitales.
