La denuncia contra la jueza Lucero por la causa del Acueducto también fue desestimada

Los ex presidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, volvieron a recibir un revés en la pelea judicial que iniciaron por la causa del Acueducto Gran Tulum. Esta vez, la denuncia que impulsaron contra la jueza de Garantías Mónica Lucero por supuesto prevaricato fue desestimada. En criollo: la Fiscalía entendió que no hay elementos para abrir una investigación penal. Y así, la magistrada sigue al frente del expediente.

La presentación había sido impulsada por su abogado, Nasser Uzair, y apuntaba a que Lucero habría dictado una resolución arbitraria o contraria a la ley. Pero el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz, concluyó que no existió delito. Antes de eso, el planteo para apartar a la jueza ya había sido rechazado, igual que el intento de correr también al fiscal y a toda la unidad especializada. Una seguidilla de pedidos que, por ahora, no les salió como esperaban.

El conflicto se desató a mediados de junio, cuando la UFI Delitos Especiales pidió extender por 90 días la investigación previa y Lucero dio el visto bueno. Ese movimiento abrió la puerta a una serie de recusaciones y denuncias de la defensa, que cuestionó cómo se había manejado la audiencia. Primero, la jueza había señalado que los exfuncionarios debían ser notificados y participar, por lo que dispuso un cuarto intermedio. Después, la audiencia se reanudó sin la presencia del abogado de los exdirectivos de OSSE y se aprobó la prórroga. Más tarde, Uzair pidió intervenir en el expediente, pero ese pedido también fue rechazado porque, por ahora, Sirerol y Ruiz no están imputados ni investigados formalmente.

Tras ese escenario, la defensa fue por más y pidió apartar a la jueza. Como tampoco prosperó, terminó denunciándola por prevaricato. Esa denuncia cayó en la misma UFI Delitos Especiales, lo que llevó a Uzair a recusar a todos los fiscales de esa unidad. Sin embargo, el fiscal coordinador Roberto Ginberg declaró inadmisible esa recusación y dejó a Adolfo Díaz al frente del análisis. Finalmente, este miércoles el fiscal fue tajante: sostuvo que no hay indicios de delito, que el Ministerio Público no está para evaluar el desempeño de los jueces y que, si una resolución fuera contraria a la ley, eso debería determinarlo un tribunal superior. Con ese criterio, dispuso archivar las actuaciones.

La causa del Acueducto Gran Tulum nació a fines del año pasado, cuando el abogado Marcelo Arancibia pidió investigar posibles maniobras irregulares en contrataciones estatales vinculadas a la megaobra. Aunque no mencionó nombres, reclamó que se analice la eventual responsabilidad penal de funcionarios provinciales de la gestión 2019-2023, es decir, del gobierno de Sergio Uñac. En ese contexto, también quedó bajo la lupa el paso de Ruiz por OSSE antes de ese período y el de Sirerol durante esos años. Por ahora, la pulseada judicial sigue, pero este capítulo les volvió a salir cuesta arriba.