Un docente pierde su trabajo por justificar sus faltas con certificados médicos adulterados
El caso salió a la luz tras una auditoría que detectó irregularidades en 10 cartas médicas usadas para justificar faltas. El docente apeló la sanción, pero el Gobierno la dejó firme.
La historia sacudió al ámbito educativo sanjuanino: el docente Pablo Nievas fue cesanteado luego de que un sumario administrativo determinara que había presentado al menos 10 certificados médicos adulterados para justificar sus ausencias durante 2021 y 2022. La investigación interna dejó al descubierto que esas constancias no habían sido otorgadas ni avaladas por la repartición correspondiente. Desde el Ministerio de Educación consideraron que se trató de una falta grave y avanzaron con la sanción más dura.
Todo se disparó en agosto de 2022, a partir de una denuncia de las autoridades de las escuelas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas, en Pocito. Las directoras detectaron inconsistencias en una carta médica que Nievas había presentado el 16 de ese mes, y ahí se abrió la investigación. Después, Control y Reconocimientos Médicos informó que no se le había concedido ninguna licencia desde 2021, pese a que los certificados habían sido enviados por WhatsApp. El propio organismo concluyó que surgían irregularidades en el contenido, el formato y hasta en la legitimidad de los papeles.
La resolución oficial también detalló que en 2021 le habían rechazado tres pedidos de licencia tramitados por la web, y que no existía constancia de internaciones ni de pedidos de Junta Médica en ese período. Con esos elementos, la instrucción sumarial le atribuyó incumplimiento reiterado de sus funciones y encuadró la conducta como una falta grave. Finalmente, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, firmó la cesantía el 27 de junio de 2025.
Nievas intentó frenar la medida con un recurso de reconsideración presentado el 18 de septiembre de ese año. En su descargo sostuvo que la sanción era "excesiva, arbitraria e injustificada" y planteó que los certificados podían haberse corregido o verificado de otra manera. También dijo que no hubo abandono de tareas e incluso ofreció devolver las horas perdidas. Sin embargo, el servicio jurídico del Gobierno fue contundente: entendió que el agente reconocía el incumplimiento y que la reiteración de la conducta agravaba todavía más su situación. Con la vía administrativa agotada, ahora solo le queda la posibilidad de acudir a la Justicia para intentar revertir el golpe.
