San Juan prepara una red de vigilancia más grande con cámaras privadas, drones y centros móviles

La Secretaría de Estado de Seguridad avanza con una reforma fuerte del sistema de vigilancia en San Juan. La idea es ampliar el monitoreo en toda la provincia con una red más grande y más conectada, sumando cámaras de barrios cerrados, comercios y empresas al CISEM, siempre con autorización de sus dueños. El plan apunta a que la prevención del delito tenga más herramientas y que la respuesta llegue más rápido cuando salta una alarma.

El secretario Enrique Delgado explicó que la propuesta busca armar una red integrada con participación de barrios privados, locales comerciales y parques industriales. En esos casos, el acceso a las cámaras no sería permanente ni automático: el propietario podrá habilitarlo cuando la fuerza de seguridad lo requiera ante una situación puntual. "La autorización la da en base a los fundamentos dados por la seguridad", señaló, y remarcó que el trámite será simple para el usuario. "El acceso se producirá automáticamente desde un OK en el teléfono", detalló.

En los parques industriales, el proyecto va un paso más allá. Delgado indicó que las cámaras ubicadas en el exterior podrían quedar conectadas de manera directa al sistema provincial y sumarse al programa Prisma, con vigilancia constante sobre las empresas y también sobre el entorno. A eso se le agregaría otra apuesta fuerte: COE móviles con tecnología de punta, montados en camiones y equipados con dos drones cada uno. "Queremos ir a cuatro COE móviles, que son los camiones que tengan toda la tecnología con dos drones cada uno", afirmó.

Por ahora, la prioridad del Gobierno está puesta en sumar cámaras fijas, por lo que la compra de esos móviles dependerá de la plata disponible. En paralelo, el programa Prisma busca cambiar la lógica del patrullaje: las casillas policiales pasarían a funcionar como pequeños centros de monitoreo, donde un efectivo podría seguir en tiempo real entre 15 y 20 cámaras de su zona. "Es un programa integral de seguridad y monitoreo activo", sostuvo Delgado, al remarcar que con este esquema la reacción ante un delito sería mucho más veloz que la actual.

El funcionario también subrayó que invertir en tecnología no es solo comprar cámaras y grabar hechos. Según explicó, el software tiene que garantizar que las imágenes no puedan ser alteradas, para que sirvan como prueba válida en una causa judicial. Además, habló del Servicio Penitenciario y del viejo reclamo a la Nación por los internos federales alojados en cárceles sanjuaninas. "Lo que Nación pagaba eran 376 pesos por día por interno federal", recordó, al marcar que ese monto queda lejísimos del costo real de mantenimiento. En ese marco, el Gobierno busca que el Servicio Penitenciario concentre a todos los detenidos, para que los policías dejen la custodia y se enfoquen en prevención. También se evalúan tobilleras electrónicas para condenas cortas y nuevos establecimientos en lugares como Iglesia o Jáchal para internos de baja peligrosidad. Sobre el cierre, Delgado estimó que el próximo año podrían ingresar alrededor de 130 policías y unos 40 agentes para el Servicio Penitenciario, aunque todo dependerá de la situación económica de la provincia.