El Senado arrancó con lo justo y pone en juego tierras, desalojos y jueces
El oficialismo consiguió el número mínimo para abrir el debate y avanzará con un proyecto que cambia reglas clave sobre propiedad privada, además de una tanda de pliegos judiciales.
Con el quorum justo, el oficialismo logró abrir la sesión en el Senado y metió en agenda un debate que viene levantando temperatura: el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que apunta a sacar restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. La movida se dio en medio de un clima tenso, con dudas hasta último momento sobre quiénes iban a bajar al recinto y con varios socios políticos mirando de reojo el texto.
La incertidumbre se había encendido el miércoles a la noche, cuando empezó a circular que al menos tres radicales no iban a presentarse este jueves en la Cámara alta. Eso, finalmente, no pasó, aunque sí hubo aliados del Gobierno que siguen marcando diferencias con puntos centrales del proyecto. Encima, la propia Victoria Villarruel no quería que la sesión se hiciera y terminó cruzándose fuerte con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en un ida y vuelta por mensajes de texto que dejó frases picantes.
"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel a Bullrich. Y el intercambio subió todavía más de tono cuando la Vicepresidenta lanzó: "Andá a chuparle las medias a Karina". La respuesta de Bullrich fue igual de filosa: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política". Mientras tanto, adentro del Senado, el oficialismo buscaba sostener el control del debate y avanzar con una iniciativa que promete abrir una discusión pesada en todo el país.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es que elimina los topes para que extranjeros puedan adquirir tierras y establece que las provincias deberán autorizar esas operaciones. Además, se prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados Extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización de la provincia donde está el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. En zonas de frontera, el aval deberá salir también de los gobiernos nacional y provincial. Si no hay objeciones, corre el silencio administrativo y, a los 180 días, se los reconocerá como propietarios de pleno derecho.
La versión número 13 del dictamen mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de otro país compre tierras, y también el requisito de autorización especial para zonas fronterizas. En paralelo, el texto endurece el esquema de desalojos en casos de usurpación o tenencia precaria. El juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria", y además intimar la devolución dentro de las 72 horas cuando el propietario acredite con documentación que el terreno, la vivienda o el campo le pertenecen.
Para los inquilinos con deudas, el mecanismo también queda más aceitado: el dueño deberá enviar una carta documento y dar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación. La notificación podrá hacerse en el domicilio del contrato o por correo electrónico, con el detalle exacto del lugar de pago. Si el incumplimiento sigue, el propietario podrá iniciar el desalojo, que deberá concretarse en un plazo de 10 días hábiles. En casos con menores o adultos desamparados, el juez tendrá que dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo que no podrá pasar de 10 días para garantizar una salida habitacional transitoria.
La sesión también incluye una tanda de 36 pliegos judiciales. Entre ellos aparece la prórroga por cinco años del camarista Víctor Pesino, que necesita el aval del Senado antes de cumplir 75 años el 27 de julio. Pesino, de hecho, ya se había adelantado a una posible demora y presentó un recurso de amparo para seguir en el cargo. En la lista también figura Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, propuesto para el juzgado de Lomas de Zamora, donde tramitará la causa del ex intendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio. Con estas designaciones, el Gobierno sumaría 110 cargos cubiertos en los últimos meses, sobre un total de 300 vacantes en la Justicia.
