Lo juzgaban por amenazas y terminó encendiendo una denuncia por abuso de menores en Rawson

Lo que arrancó como una causa por amenazas terminó moviendo el piso en tribunales. Franco Roberto Limolle, de 31 años, fue imputado en una audiencia que dejó al descubierto un cuadro mucho más delicado, con una denuncia que ahora apunta a dos adolescentes de Rawson. La jueza de Garantías Carolina Parra formalizó la investigación por ese delito, pero rechazó el pedido de prisión preventiva que había impulsado la fiscal Florencia Pons Belmonte. En su lugar, ordenó que siga el proceso en libertad, aunque con reglas de conducta bien marcadas.

El momento más fuerte llegó cuando el propio acusado tomó la palabra y cambió por completo el clima de la sala. Según dijo ante el tribunal, sus hermanas de 14 y 16 años estarían atravesando una situación de explotación sexual dentro del entorno familiar. Visiblemente afectado, sostuvo que su intención es cuidarlas y explicó que los cruces con otros parientes empezaron justamente porque se opone a que las chicas sigan en ese ambiente. Frente a ese planteo, la magistrada dispuso de inmediato la intervención de la Línea 102 para que equipos especializados verifiquen el caso y definan si hace falta una protección urgente.

La causa por amenazas se originó a fines de junio, cuando Limolle recuperó la libertad tras cumplir condena en el Servicio Penitenciario Provincial y se instaló en la casa de su abuela, en Rawson. Allí, según la denuncia, habría mantenido un fuerte enfrentamiento con una tía, a quien habría intimidado con frases como "A vos te voy a dejar tuerta". Esa situación derivó en la presentación penal y en la audiencia de este jueves. Limolle negó ser el responsable de los problemas familiares y aseguró que muchas veces lo señalan por conflictos que, según él, no genera. También dijo que intenta rehacer su vida después de pasar cerca de quince años preso. Su defensor oficial, César Oro, remarcó que busca reinsertarse y que hoy hace trabajos ocasionales para mantenerse.

El acusado también dejó en claro que no quiere volver a prisión y que pretende dejar atrás su pasado delictivo. Mientras tanto, la investigación penal preparatoria seguirá su curso durante cuatro meses. En ese lapso, deberá presentarse todas las semanas en la comisaría que corresponda, no podrá entorpecer la pesquisa y tiene prohibido cualquier contacto o acercamiento con la denunciante y su grupo familiar. La historia, que parecía una más de tantas peleas domésticas, terminó abriendo una puerta mucho más seria y sensible para la Justicia sanjuanina.