Avanza la causa por las computadoras de la Policía y ya son cinco los investigados

La investigación por la compra de computadoras para distintas dependencias policiales volvió a moverse fuerte y dejó más preguntas que certezas. Tras los peritajes sobre los equipos hallados en un depósito de Capital durante 2025, la conclusión fue dura: no serían los mismos bienes que se habían adquirido con una inversión de 90 millones de pesos enviados por la Nación. Con ese panorama, el Ministerio Público Fiscal formalizó una causa que ya tiene a cinco personas bajo la lupa.

Entre los señalados aparecen efectivos policiales, funcionarios estatales y una representante de la firma que vendió la tecnología. La principal hipótesis habla de una presunta estafa contra la administración pública, mientras que para los agentes y empleados del Estado también se analiza un posible incumplimiento de los deberes de funcionario. La compra incluía 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets que debían terminar repartidas en comisarías de toda la provincia.

Pero los aparatos encontrados no cerrarían por ningún lado con lo que figuraba en la operación original. Según la pesquisa, las características técnicas son distintas y las prestaciones, bastante más bajas que las pactadas. El expediente viene desde 2024, cuando autoridades policiales de la gestión anterior pidieron que se investigue la desaparición del material. Antes de eso, el entonces tesorero de la fuerza ya había advertido internamente que los bienes, aunque estaban pagados, nunca habrían ingresado al patrimonio policial.

Las primeras averiguaciones dejaron otro dato pesado: una comisión receptora integrada por uniformados habría certificado la factura y el remito de entrega, como si los equipos hubieran llegado sin problemas. Después, la causa quedó trabada por una disputa de competencia entre la Justicia provincial y la Federal, ya que el dinero salía de un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Finalmente, la Corte Suprema resolvió que el caso siguiera en el ámbito local y la UFI de Delitos Especiales avanzó con más medidas.

En ese marco, una representante de la empresa proveedora avisó de manera voluntaria dónde estaban las cajas guardadas en un inmueble capitalino. Allí aparecieron 150 equipos informáticos, 20 impresoras y 10 tablets, pero los análisis posteriores descartaron que fueran los bienes comprados originalmente. Ahora la pesquisa busca reconstruir qué pasó con los dispositivos adquiridos con fondos nacionales enviados en 2023 y deslindar responsabilidades en una operación que sigue generando ruido y mantiene en juego una suma cercana a los 90 millones de pesos.