Las ART encienden las luces rojas por la avalancha de juicios y apuntan a las provincias

La presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, volvió a poner el tema sobre la mesa: pidió que las provincias pongan en marcha los cuerpos médicos forenses previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo para frenar la litigiosidad que viene creciendo sin pausa. La advertencia llegó en un contexto sensible, justo cuando se cumplen 30 años de la puesta en marcha del sistema de aseguradoras laborales. Según planteó, cada juicio que se dispara termina desviando plata que debería ir a prevención, asistencia y reparación.

Bettiol sostuvo que la Argentina ya tiene herramientas normativas y técnicas para corregir esta distorsión, pero remarcó que hace falta aplicarlas con firmeza. En la misma línea, la entidad difundió un informe que muestra un dato que preocupa: en abril pasado los juicios contra las ART llegaron a 39.687, una cifra que proyecta para 2026 un récord de 138.600 demandas. Desde el sector insisten en que ese nivel de pleitos termina drenando recursos que podrían usarse para mejorar la cobertura y la atención de los trabajadores.

Hoy el sistema cubre a unos 10 millones de empleados y 1 millón de empleadores, y las ART financian cerca de 14,1 millones de asistencias médicas por año. Además, las empresas pagan una cuota promedio que ronda entre el 3% y el 4% de la masa salarial, un costo que ya de por sí es alto. Desde la UART remarcan que gran parte de ese aporte termina absorbido por los juicios, cuando podría destinarse a reforzar la prevención y la asistencia de las personas.

El sistema nació en junio de 1996 para dar cobertura a las empresas frente a reclamos por accidentes o enfermedades laborales, pero también para empujar políticas de prevención y bajar riesgos. Aun así, tres décadas después, la conflictividad sigue en niveles récord. La reforma laboral aprobada este año por el Congreso buscó poner un freno con cambios puntuales, como impedir que los peritos cobren honorarios atados al resultado final de la sentencia y sumar responsabilidad solidaria para los abogados patrocinantes cuando un juez rechaza una demanda por considerarla excesiva.

En ese mapa, Santa Fe empezó a mover sus fichas y dio pasos para crear los cuerpos forenses, algo clave porque la ley deja en manos de las cortes supremas provinciales esa tarea. Cuando eso no ocurre, cada juez designa sus propios peritos y aplica criterios distintos para definir invalidez y actualizar sentencias. La provincia busca bajar la litigiosidad en un 25%, en una señal que el sector sigue de cerca y que podría marcar un cambio importante en una de las jurisdicciones con más juicios del país.