Avanza en San Juan una causa por una presunta estafa de 240 mil dólares

La Justicia sanjuanina metió la lupa en una denuncia que sacude al mundo inmobiliario local. Dos arquitectos y un empresario quedaron imputados en una causa por una presunta estafa vinculada a un préstamo de 240.000 dólares que, según los denunciantes, nunca fue devuelto. El expediente quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas.

La hipótesis fiscal sostiene que el dinero fue entregado a fines de 2023 para terminar un complejo de departamentos en Rawson. Como respaldo, se habrían ofrecido distintas unidades funcionales del emprendimiento y también vehículos. El problema, siempre según la investigación, apareció cuando los acreedores quisieron ejecutar esas garantías y se encontraron con que varios inmuebles ya habían sido vendidos y algunos rodados habían cambiado de titularidad antes del acuerdo.

Los imputados son Esteban Fernández De Cieza, María José Garcés Correa y Ricardo Javier Sánchez Montilla. El fiscal Nicolás Alvo les atribuyó distintos roles dentro de la maniobra investigada. A los dos hombres les endilgó el delito de estafa como presuntos coautores, mientras que la arquitecta quedó señalada como presunta partícipe secundaria. Para los denunciantes, el incumplimiento no fue un traspié de último momento, sino una imposibilidad que ya existía desde el arranque.

Antes de que la causa tomara impulso penal, hubo un intento de arreglo por fuera de Tribunales. Según se expuso en la audiencia, el empresario había prometido cancelar una parte de la deuda en cinco cuotas de 20.000 dólares, mientras que el resto quedaría a cargo del matrimonio de arquitectos. Pero ese entendimiento no prosperó: apenas se habría pagado una cuota vinculada a los arquitectos y el primer desembolso del empresario nunca llegó. Con ese escenario, la negociación se cayó y la investigación siguió su curso.

La jueza de Garantías Mabel Moya autorizó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria por doce meses. Durante ese plazo, los tres acusados seguirán en libertad mientras se juntan pruebas y se toman nuevas declaraciones. Además, se ordenó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes para el matrimonio de arquitectos, aunque esa medida no alcanzó a Sánchez Montilla. El empresario, por su parte, ya aparece mencionado en otra causa por supuestas irregularidades en desarrollos habitacionales, un dato que suma ruido a un expediente que recién empieza a moverse fuerte.