La Corte sanjuanina frenó el reclamo millonario contra una bodega y cerró la pelea por casi US$600.000
El máximo tribunal provincial dio vuelta el expediente, dejó sin efecto los fallos previos y desestimó el pedido de una firma vinculada a Juan José Retamero. Además, hizo que la demandante cargue con las costas del juicio.
La Corte de Justicia de San Juan pegó un volantazo y dejó sin efecto una condena que obligaba a una bodega local a devolver casi US$600.000 en medio de un conflicto comercial que venía dando que hablar. Con esa decisión, el expediente cambió de rumbo por completo y la empresa vitivinícola quedó liberada de restituir ese dinero. El caso generó fuerte impacto en el ambiente empresario de la provincia, por el peso económico y por los nombres que aparecen en la historia.
La disputa enfrentó a Fraccionadora San Juan, dueña de marcas conocidas de vino, con Iberte S.R.L., una firma de capitales españoles vinculada al empresario minero Juan José Retamero, también titular de la mina Gualcamayo. El origen está en un acuerdo para la venta de más de 25 millones de litros de vino, operación en la que Iberte adelantó cerca de 600.000 dólares. Pero el negocio quedó a medio camino y apenas se entregaron poco más de 142.000 litros, lo que desató la pelea judicial.
En primera instancia y también en la Cámara Civil, el reclamo de la empresa española había prosperado. Sin embargo, la Sala I de la Corte, integrada por Guillermo De Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, revisó el caso y resolvió de manera definitiva. Los jueces entendieron que no había elementos suficientes para responsabilizar a la bodega por un supuesto incumplimiento contractual. Además, remarcaron que el llamado plan de cargas no era una obligación exigible desde el arranque del contrato, sino una etapa que debía definirse después entre las partes.
Con ese criterio, el máximo tribunal rechazó por completo la demanda de Iberte y anuló las sentencias anteriores. La consecuencia es clara: Fraccionadora San Juan no deberá devolver los casi US$600.000, una cifra que al tipo de cambio actual ronda los mil millones de pesos. Para colmo de la firma demandante, la Corte también le impuso el pago de las costas de todo el proceso, lo que agranda todavía más el golpe económico.
El fallo cierra uno de los expedientes comerciales más resonantes de los últimos años en San Juan y deja una señal fuerte para los contratos de gran escala dentro de la industria del vino. En paralelo, Iberte sigue metida en otra disputa pesada con Fecovita, en Mendoza, donde también reclama millonarias indemnizaciones por un proyecto exportador que, según sostiene, quedó trunco. La novela judicial, por ahora, sigue sumando capítulos.
