Coca dijo que Nación debe cubrir la deuda salarial universitaria
Tras el revés judicial al Gobierno, en la UNSJ sostienen que siguen firmes los reclamos por sueldos y becas. También creen que el fallo puede empujar antes de tiempo la negociación con las universidades.
El secretario Administrativo Financiero de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca, analizó el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, que rechazó la cautelar presentada por el Gobierno nacional contra la Ley de Financiamiento Universitario. En diálogo con Radio Mil20, aseguró que la decisión fortalece la postura de las universidades y deja en pie puntos centrales de la norma. Para el funcionario, el escenario que se abre obliga al Ejecutivo a hacerse cargo de una parte pendiente de la actualización salarial.
Según explicó, siguen vigentes los reclamos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones gremiales, sobre todo en los artículos 5 y 6, que apuntan a la recomposición de los sueldos de docentes y no docentes, además del financiamiento de las becas estudiantiles. "En función de lo que definió la Corte, el Gobierno tendría que completar el desfasaje salarial pendiente. Se había acordado un 24% en octubre, pero resta otro porcentaje similar para cumplir con lo que establece la ley", afirmó Cocca. En San Juan, la lectura es clara: todavía queda bastante por resolver.
El funcionario aclaró que el fallo no significa la aplicación total e inmediata de la ley, porque la Corte aún debe expedirse sobre el fondo de la cuestión. Ese punto gira en torno a los recursos presupuestarios y a la validez de dejar sin efecto una ley por decreto. De todos modos, remarcó que la resolución deja firmes los fallos de primera y segunda instancia, que ya habían considerado que los recortes afectaban el derecho a enseñar y aprender, además de comprometer el financiamiento universitario previsto por la Constitución.
"Los tribunales entendieron que el Estado estaba desconociendo sus obligaciones constitucionales de financiar la educación pública y que los recortes afectaban la integridad del presupuesto universitario", sostuvo. En esa línea, recordó que la ley prevé recuperar ingresos correspondientes a 2024, 2025 y 2026, por lo que el acuerdo previo con el Gobierno cubre solo una parte del problema. También detalló que cumplir de inmediato con salarios y becas implicaría una erogación cercana a los 1,3 billones de pesos, mientras que la aplicación completa de la norma rondaría los 3,2 billones.
Consultado por nuevas apelaciones, Cocca fue tajante: el fallo de la Corte sobre la cautelar es definitivo y ya no quedan recursos para frenar la vigencia de los artículos 5 y 6. Ahora, dijo, la pelota queda del lado del Gobierno nacional, que todavía no fijó una postura oficial. "Ahora hay que esperar la reacción del Gobierno. Oficialmente todavía no se han pronunciado, aunque en su momento funcionarios nacionales habían reconocido que, si la Corte fallaba en contra, deberían acatar la decisión", señaló. En la UNSJ creen que este movimiento puede acelerar las conversaciones y hasta adelantar las paritarias, previstas para septiembre, para discutir de una vez cómo se implementa la medida judicial.
