Tres años en suspenso para la pareja que aprovechó una transferencia millonaria por error

Después de más de un año de ruido y versiones, la Justicia le puso un freno a una de las causas que más bronca generó en San Juan. El expediente terminó con condena para Dany Roberto Sarmiento y Myriam Mabel Muñoz, quienes aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado impulsado por la UFI de Delitos de Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia.

Todo arrancó a fines de 2024, cuando Sarmiento dejó de trabajar en una firma ligada a la actividad minera tras 15 años de servicio. Primero cobró la indemnización que le correspondía, pero después la empresa cometió un error grosero y volvió a transferir el mismo monto. Así, la suma total que recibió superó los 200 millones de pesos, un número que hizo ruido desde el primer momento.

La investigación sostuvo que, lejos de dar aviso o devolver el dinero, el hombre empezó a mover los fondos y cortó el contacto con la compañía, pese a los intentos reiterados para recuperar lo transferido de manera indebida. En ese derrotero, los movimientos bancarios quedaron bajo la lupa y fueron una prueba central para la causa. Parte del dinero terminó en cuentas vinculadas a Muñoz, lo que llevó a que ambos quedaran señalados como coautores de la maniobra.

Con el avance del expediente, la Justicia ordenó embargos millonarios sobre bienes, vehículos, inmuebles y cuentas bancarias, con el objetivo de asegurar una posible reparación económica. En paralelo, la empresa afectada inició acciones civiles para recuperar lo que todavía no fue restituido en su totalidad. Durante el proceso también trascendió que la pareja empezó trámites de divorcio mientras seguía la investigación judicial.

Finalmente, el tribunal homologó el acuerdo y les impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Eso significa que no irán a la cárcel, pero deberán cumplir reglas estrictas de conducta, como fijar domicilio, presentarse ante el Patronato de Liberados y evitar el consumo problemático de alcohol y estupefacientes. La causa, que en su momento sacudió fuerte a la opinión pública, quedó así cerrada en sede penal, aunque el frente económico sigue abierto.