Abogados, policías y penitenciarios buscan poner orden en San Juan con nuevas reglas de juego
El Foro de Abogados y la Secretaría de Seguridad avanzan en un manual para fijar pautas claras en comisarías y cárceles. La idea es evitar roces, ordenar la atención y dejar en claro derechos y obligaciones.
En San Juan se puso en marcha una mesa de trabajo que apunta a bajar tensiones y ordenar la relación entre abogados, policías y personal del Servicio Penitenciario Provincial. La movida fue impulsada por el Foro de Abogados, que junto a la Secretaría de Seguridad empezó a delinear un Manual de Buenas Prácticas. La idea es simple, pero clave: que haya reglas claras cuando un profesional de la ley deba asistir a una persona detenida. Así, buscan evitar malentendidos y que cada situación tenga un marco definido.
El anuncio lo hizo el presidente del Foro, José Salinas, quien explicó que todo nace de un convenio de colaboración ya vigente entre las partes. Según detalló, la comisión estará integrada por representantes de los Institutos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, además de referentes de la Policía y del área penitenciaria. El trabajo no será exprés: llevará varios meses hasta llegar a un texto final. Mientras tanto, la prioridad será dejar asentados procedimientos, derechos y obligaciones para que no haya interpretaciones distintas según quién esté del otro lado del mostrador.
En paralelo, el Foro también se comprometió a enviar a la Secretaría de Seguridad un listado actualizado de abogados que trabajan en materia penal. Ese registro se repartirá en comisarías y lugares de detención para que detenidos y familiares tengan a mano datos de profesionales matriculados. Salinas aclaró que eso no significa ninguna traba para el ejercicio profesional ni para el acceso a los asistidos. Al contrario, remarcó que se trata de una herramienta informativa, pensada para estar siempre al día y disponible cuando haga falta asesoramiento.
El titular del Foro sostuvo además que esta comisión no surge por una catarata de conflictos, sino por una necesidad largamente postergada: contar con criterios escritos y consensuados entre las instituciones. "Lo que buscamos es que exista una guía clara para todos los actores. Si surge una diferencia o una situación particular, habrá un documento al cual recurrir para determinar cuál es el procedimiento adecuado", explicó. También se prevén canales para actuar ante eventuales incumplimientos. Si el problema involucra a abogados, intervendrán los órganos disciplinarios del Foro; si las observaciones alcanzan a personal policial o penitenciario, el caso podrá ser derivado a los controles correspondientes. La apuesta, en definitiva, es ordenar la convivencia institucional y cuidar los derechos de todos los que forman parte del sistema de justicia.