Reavivan el pedido para borrar a Aramburu de un barrio y una escuela en San Juan

La sentencia que declaró como crímenes de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez volvió a mover una discusión vieja, pero todavía muy sensible en San Juan. El militante justicialista Jorge Ariel Rodríguez pidió que se retire el nombre de Pedro Eugenio Aramburu de un barrio y de una escuela. Para él, no hay forma de sostener homenajes públicos a una figura que la Justicia señaló como responsable de aquellos hechos.

El reclamo primero apareció en redes sociales, donde Rodríguez habló de una "verdadera reparación histórica". Después, en diálogo con Zonda Diario, aclaró que no se trata de una idea nueva, sino de una pelea que sectores del peronismo vienen empujando desde el regreso de la democracia. Según explicó, la discusión volvió con fuerza porque ahora existe un fallo judicial que cambia el panorama.

"Desde 1984 o 1985, cuando se entregó el barrio Aramburu, la militancia justicialista comenzó a buscar distintas formas de cambiarle el nombre. Siempre entendimos que Aramburu fue un presidente de facto, un fusilador y una figura asociada a una de las etapas más oscuras de la historia argentina", señaló. También recordó que hubo otros intentos a lo largo de los años, entre ellos los impulsos de la fallecida dirigente Rosalía Garro y un proyecto presentado por los ex diputados provinciales Raúl Ávila e Iris Romera.

Rodríguez sostuvo que incluso llegó a presentarse una ley porque, al tratarse de un barrio del Instituto Provincial de la Vivienda, el cambio debía pasar por la Legislatura. Pero esa movida no prosperó. "En aquel momento no hubo consenso social ni barrial y se tomó la decisión política de dejar todo como estaba. Pesaron más los intereses políticos que la reparación histórica", remarcó, con tono crítico.

El tema volvió a tomar envión después del fallo dictado en el llamado Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez. La jueza Alicia Vence concluyó que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas y otros integrantes del gobierno de facto fueron responsables de cinco homicidios agravados y siete intentos de homicidio cometidos en junio de 1956 contra militantes peronistas. El tribunal también sostuvo que, si hubieran estado vivos, habrían recibido prisión perpetua.

La resolución marcó un hito porque, siete décadas después, la Justicia dejó asentado que esos fusilamientos clandestinos fueron delitos de lesa humanidad cometidos desde el aparato estatal. Para Rodríguez, ese dato no es menor y obliga a revisar lo que se honra en el espacio público. "Hoy existe un elemento fundamental que antes no teníamos: una sentencia que considera a Aramburu y a los responsables de esa dictadura como criminales de lesa humanidad. Eso obliga a retomar el debate", afirmó.

El dirigente también puso sobre la mesa una paradoja que, según dijo, llama la atención. "No solamente existe un barrio con el nombre de Aramburu. También hay una escuela que lleva ese nombre. Lo llamativo es que por la mañana se llama Pedro Eugenio Aramburu y por la tarde Juan Domingo Perón. Son esas paradojas que tiene la historia", expresó. Por eso, pidió a los legisladores provinciales que impulsen una modificación de ambas denominaciones.

En esa línea, fue tajante: "Cualquier nombre que se elija será mejor que el de un genocida, un fusilador y un presidente de una dictadura. La Cámara de Diputados tiene la facultad de hacerlo y espero que quienes representan al campo nacional y popular estén a la altura de las circunstancias". Además, recordó que hay normas nacionales y provinciales que desalientan o directamente prohíben usar nombres ligados a gobiernos de facto para identificar espacios públicos. Para él, el debate no es partidario: toca de lleno la memoria colectiva y la forma en que una sociedad decide recordar su historia.

Mientras tanto, el fallo por los fusilamientos de José León Suárez sigue generando ruido en distintos puntos del país. En San Juan, la sentencia reabrió una discusión que parecía dormida y volvió a poner contra las cuerdas a la dirigencia política: mantener o no homenajes a una figura que la Justicia vinculó con uno de los episodios más duros de la represión estatal en la Argentina de mediados del siglo XX. Rodríguez, por lo pronto, ya dejó clara su postura y volvió a empujar una causa que viene de larga data.

El caso ocupa un lugar central en la historia argentina porque fue reconstruido por el periodista Rodolfo Walsh en Operación Masacre, donde relató la ejecución clandestina de civiles acusados de participar en un levantamiento contra la dictadura militar instalada tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Con ese trasfondo, el dirigente insistió en que ahora hay condiciones para retomar el debate y revisar los nombres que siguen visibles en barrios y escuelas.

En su mensaje, además, lanzó una comparación que buscó incomodar a más de uno: "Si nadie quiere colocarle el nombre de Jorge Rafael Videla a un barrio, ¿por qué dejar que uno se llame Aramburu?". Por ahora no hay proyectos en tratamiento en la Legislatura, pero el planteo volvió a instalar una discusión que mezcla memoria, política y símbolos públicos. Y en San Juan, cuando ese tema se mueve, nadie queda indiferente.