La Cámara puso bajo la lupa la reforma migratoria de Milei
Un tribunal federal revocó un fallo previo y dejó serios reparos sobre el DNU 366/2025. Los jueces advirtieron que faltan condiciones de urgencia y cuestionaron cómo quedan los trámites de ciudadanía.
La Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal metió un fuerte freno a la reforma migratoria impulsada por Javier Milei y dejó la norma en una situación delicada. En un fallo al que accedió LPO, los jueces Florencia Nallar y Fernando Uriarte sostuvieron que el DNU 366/2025 no cumple con las exigencias que marca la Constitución Nacional. Para la Cámara, no aparecen acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justificarían saltear el trámite habitual en el Congreso.
Ojo: el tribunal no declaró directamente la inconstitucionalidad del decreto, pero sí revocó el fallo de primera instancia que había rechazado el planteo de una inmigrante. Además, ordenó al juez de origen que avance con el pedido de nacionalidad de la demandante. En los fundamentos, los camaristas fueron tajantes al remarcar que no había una emergencia real que habilitara semejante atajo institucional. Según señalaron, el decreto fue firmado el 28 de mayo de 2025, mientras que la Dirección Nacional de Migraciones recién habilitó el trámite de ciudadanía el 6 de octubre de 2025, más de cuatro meses después.
La crítica no quedó ahí. Los jueces también apuntaron que el instructivo para gestionar ese trámite recién salió en marzo de 2026, casi diez meses después de dictada la norma. Para la Cámara, esos tiempos chocan de frente con la idea de una situación excepcional que obligue a legislar por decreto. Incluso remarcaron que las demoras se dieron dentro de la propia administración encargada de aplicar el régimen, es decir, el mismo Poder Ejecutivo que dijo que había urgencia. Un dato que, en criollo, deja bastante floja la explicación oficial.
El fallo además abrió otro frente sensible: la ausencia de intervención del Ministerio Público Fiscal en los trámites de ciudadanía que, tras la reforma, deben hacerse ante Migraciones y no en los tribunales. Para los camaristas, sin ese control no hay una instancia que garantice la defensa de la legalidad ni de los intereses de la sociedad. En ese marco, advirtieron que el decreto no prevé mecanismos suficientes para revisar decisiones vinculadas con el otorgamiento de la ciudadanía, un punto que ahora queda bajo la mira judicial.
