Un informe millonario sacude el juicio contra De la Fuente y Quevedo

El juicio federal que tiene en el centro de la escena al abogado sanjuanino Gustavo de la Fuente y al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo entró en una fase clave. En una de las últimas audiencias, el Ministerio Público sumó un informe que estima una reparación económica superior a los $1.152 millones para las mujeres señaladas como víctimas en la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual.

El trabajo fue elaborado por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. El objetivo fue ponerle número al daño económico y también al perjuicio moral que, según la acusación, habrían sufrido quienes pasaron por la firma Belle Argentina. La cifra, claro, no pasó desapercibida y dejó el clima bien caliente en la sala.

Durante la audiencia se explicó que el cálculo contempló varios rubros: las ganancias obtenidas por la actividad investigada, lo que esas mujeres habrían cobrado en un trabajo formal y una compensación por el daño moral derivado de la situación denunciada. La responsable del estudio indicó que se tomaron como referencia la permanencia promedio de las trabajadoras, la cantidad de clientes atendidos y las operaciones detectadas en distintas plataformas digitales.

La pesquisa sostiene que la operatoria incluía transmisiones de contenido sexual por internet y herramientas tecnológicas que permitían la interacción remota de usuarios, incluso desde otros países. Según la estimación oficial, una parte importante de los ingresos habría quedado en manos de los responsables de la estructura investigada. A eso se sumó una proyección sobre lo que las mujeres debieron haber percibido por tareas vinculadas al modelaje y una valoración económica del daño extrapatrimonial.

La presentación generó una reacción inmediata de los defensores. Tanto la representación de De la Fuente como la defensa oficial de Quevedo remarcaron que no se trata de una pericia ordenada por el tribunal, sino de un informe pedido por la fiscalía. También objetaron que parte de las conclusiones se apoyen en anotaciones secuestradas en allanamientos y en datos extraídos de dispositivos electrónicos.

La discusión también se metió de lleno en los movimientos financieros analizados en la causa. Según trascendió en el debate, peritajes realizados sobre cuentas bancarias vinculadas a los imputados mostrarían montos bastante más bajos que los planteados por la acusación. Y otro foco de choque está en la cantidad de presuntas víctimas incorporadas al expediente: mientras la fiscalía habla de 37 mujeres, la defensa insiste en que solo un grupo reducido declaró formalmente durante el juicio.

Con la etapa probatoria a punto de cerrarse, el proceso se encamina a su definición. Para los próximos días está prevista la declaración de Quevedo y no se descarta que De la Fuente también hable ante el tribunal. Los alegatos finales fueron fijados para el 25 de junio y, después de eso, el juez federal Daniel Doffo quedará en condiciones de dictar sentencia en una de las causas más resonantes de los últimos años en San Juan.