La causa por Global Market quedó bajo órbita federal

La investigación por las maniobras atribuidas a Global Market Valores y GMI Inversiones dio un nuevo giro y seguirá su camino en la Justicia Federal. El Tribunal de Impugnación desestimó el recurso que habían presentado abogados de algunos denunciantes para frenar el cambio de competencia. La resolución estuvo a cargo del juez Daniel Guillén, quien entendió que esos querellantes no estaban habilitados para recurrir en esta etapa. Con esa definición, el expediente quedó encaminado para que el fuero federal decida si toma la causa de manera definitiva.

Según fuentes judiciales, el magistrado recordó que el Código Procesal Penal establece que la intervención recursiva de los querellantes arranca recién cuando se formaliza la Investigación Penal Preparatoria. Bajo ese criterio, consideró que el planteo contra la declaración de incompetencia no correspondía en este momento. No es la primera vez que aparece este mismo argumento dentro del expediente. En una instancia anterior, los mismos representantes legales ya habían cuestionado la negativa a dictar prisión preventiva contra Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, pero también allí se sostuvo que la discusión debía darse más adelante, una vez formalizado el proceso.

El pase al ámbito federal había sido impulsado por el fiscal Nicolás Alvo, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que planteó que los hechos investigados podrían encuadrar en delitos de competencia federal. Entre las hipótesis que están bajo la lupa aparecen presuntas maniobras de lavado de activos y posibles irregularidades vinculadas al sistema financiero nacional. Esa postura fue acompañada por el juez de Garantías Javier Figuerola, y ahora el trámite quedó en manos del Ministerio Público Fiscal Federal.

La causa investiga el presunto desvío de fondos de inversores que, siempre según la acusación, habrían sido inducidos mediante engaños a autorizar operaciones que no iban con su perfil de riesgo. De acuerdo con la teoría expuesta por la fiscalía en audiencias realizadas en mayo, esos recursos habrían terminado en empresas vinculadas a los propios investigados. Por ahora, el expediente reúne al menos 23 denuncias y los perjuicios informados superan los $3.000 millones. En estimaciones privadas, incluso, las pérdidas trepan a varios millones de dólares, un número que mete presión y deja el caso cada vez más pesado.