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Juicio caliente en Tribunales

Arrancó el proceso contra el ex policía que apuntó contra la cúpula sanjuanina

Gabriel Riveros Alday empezó a ser juzgado por injurias tras sus posteos contra Luis Martínez. La causa ya metió tensión en Tribunales y el fallo puede llegar en las próximas horas.

Arrancó el proceso contra el ex policía que apuntó contra la cúpula sanjuanina

Con el clima bien cargado en Tribunales, este jueves se puso en marcha el juicio contra Gabriel Riveros Alday, el exoficial que se hizo conocido como el "policía tiktoker". La denuncia por injurias la impulsó el exjefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, que asegura que los dichos del acusado cruzaron un límite serio. En el centro de la escena quedaron videos y publicaciones en redes donde Riveros Alday lanzó acusaciones duras contra la vieja conducción policial y habló de supuestos hechos de corrupción.

Para Martínez, esas expresiones no fueron un simple cruce mediático. En la denuncia sostuvo que le pegaron de lleno a su honor, le complicaron la trayectoria profesional y también golpearon a su familia. Durante la primera audiencia se escucharon los alegatos de apertura y arrancó la producción de pruebas, en una jornada que se siguió con atención por el peso institucional del caso. La querella, representada por Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz, presentó distintos elementos para sostener la acusación.

Del otro lado, trascendió que la defensa no aportó pruebas en esta etapa inicial del proceso. El debate seguirá este viernes, cuando lleguen los alegatos finales y las últimas palabras de las partes. Después, el tribunal quedará en condiciones de dar a conocer el veredicto, que puede marcar un antes y un después en la situación judicial del exuniformado. La causa tomó vuelo meses atrás, cuando Riveros Alday empezó a viralizar videos contra la conducción policial que estaba al mando de Martínez durante la gestión de Sergio Uñac.

Lejos de bajar el tono, el exoficial volvió a sostener sus planteos en una audiencia previa y dijo sentirse víctima de una persecución administrativa. Ahora, todo quedó en manos de la Justicia, que deberá resolver si aquellas publicaciones fueron una denuncia pública o si, como sostiene la querella, se trató de una agresión directa al honor de un exjefe policial. La definición se espera con mucha expectativa en San Juan.

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