Cayó el supuesto jefe de la red que usaba DNI truchos para sacar créditos

La causa por la red que armaba documentos falsos y usurpaba identidades para conseguir préstamos y hacer compras a costa de otros sumó una condena fuerte. La Justicia Federal sentenció a Rolando Javier Navarro Saide, señalado como el jefe de la banda, a 5 años y 4 meses de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado. La resolución fue firmada por el juez federal Juan Ignacio Pérez Curci, luego del acuerdo entre el fiscal Fernando Alcaraz y la defensa. Con este fallo, ya son seis los condenados en una investigación que destapó una maniobra bien aceitada y con ramificaciones en el sector público y privado.

Según la pesquisa, Navarro Saide era quien movía los hilos de toda la estructura. Elegía a las víctimas, definía quiénes debían presentarse en el Registro Civil para aportar datos biométricos falsos y manejaba el dinero, además de los bienes obtenidos con las estafas. Antes ya había sido condenada Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, a 4 años y 8 meses de cárcel. También recibieron penas Rodrigo Javier Navarro Pozo, Marcelo Omar Cardozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcos Esteban Vallejos.

El expediente detalla un mecanismo tan simple como dañino: la organización conseguía datos personales de las víctimas a través de registros oficiales, listados públicos y bases de datos. Con esa información pedían duplicados o triplicados de DNI reales, pero usando rostros y huellas de otras personas para pasar los controles biométricos. Una vez que tenían los documentos adulterados, sacaban créditos, compraban electrodomésticos y cerraban operaciones financieras a nombre de los verdaderos titulares. Encima, en el teléfono de Navarro Saide aparecieron mensajes y audios que mostraban cómo coordinaban cada paso y hasta cómo repartían las ganancias. En una de esas charlas, incluso daban instrucciones sobre qué productos comprar para después revenderlos.

El daño para las víctimas fue enorme. Varias se encontraron con deudas millonarias, embargos, inhibiciones crediticias y problemas para probar su identidad ante organismos oficiales y bancos. Mientras tanto, otros seis imputados no aceptaron el abreviado y deberán enfrentar un juicio oral y público. La acusación fiscal sostiene que también participaron aportando sus imágenes y huellas para intentar nuevos documentos adulterados, aunque en varios casos los controles biométricos del Renaper frenaron la maniobra antes de que el engaño se concretara.