La pulseada por glaciares y minería vuelve a encender la frontera andina

La minería en la cordillera de Chile y Argentina puede convivir con la defensa de los glaciares, pero no a cualquier precio. Así lo planteó Pablo Balart, director de línea de servicios para Latinoamérica y referente en ciencias de la tierra de SLR Consulting, al remarcar que todo depende de la rigurosidad técnica, la evidencia científica y un monitoreo constante. En medio de la polémica por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina y el debate por una norma similar en Chile, el tema quedó otra vez en el centro de la escena. Y no es menor: hay una cartera de proyectos por más de US$70.000 millones que podría trabarse si los impactos sobre el hielo no se manejan con cuidado.

Consultado sobre una eventual ley chilena específica, Balart señaló que hoy ese país ya cuenta con herramientas como la Ley 19.300, el SEIA y el Inventario Nacional de Glaciares. Según explicó, Chile optó por un esquema más técnico y flexible que el argentino, que fue más rígido en lo normativo. Para el especialista, avanzar hacia una ley podría ordenar el escenario y dar certezas, siempre que no cierre la puerta a compatibilizar la protección ambiental con actividades estratégicas. En criollo: reglas claras, sí, pero sin atar de manos cada evaluación.

El problema de fondo aparece en la alta montaña, donde conviven yacimientos minerales, glaciares, humedales de altura y sistemas hídricos sensibles. Balart advirtió que operar en esos territorios exige mucho más que cumplir papeles: hacen falta estudios glaciológicos e hidrológicos de alto nivel, control permanente y una gestión adaptativa que permita corregir sobre la marcha. También remarcó que el diálogo temprano con las comunidades es clave, porque la preocupación por el agua, el ambiente y la seguridad social crece a medida que avanzan los proyectos. En esa línea, reconoció que existe evidencia científica sobre impactos de la minería en glaciares, sobre todo en etapas antiguas con estándares más bajos, aunque aclaró que no todos los casos son iguales.

Uno de los focos más calientes está en el Distrito Vicuña, en la frontera entre Chile y Argentina. Balart lo describió como un desarrollo de escala global, con una vida útil que superaría los 70 años, y con proyectos como Josemaría y Filo del Sol pensados como un solo clúster. La apuesta promete economías de escala e infraestructura compartida, pero también abre una discusión pesada sobre agua, glaciares, residuos mineros y relaves. De ese grupo, el que más avanza de manera concreta es Josemaría; en cambio, Filo del Sol y Lunahuasi todavía están en etapas más tempranas o sin validación ambiental completa.

La tensión no se limita a ese distrito. Balart también mencionó iniciativas como la nueva concentradora de BHP en Minera Escondida, el Desarrollo Futuro DMH de Codelco, la expansión y continuidad operacional de Minera El Abra y proyectos de desalación e infraestructura hídrica impulsados por ACADES. El punto sensible es que la expansión minera avanza sobre zonas cordilleranas donde los glaciares cumplen un rol decisivo para el equilibrio hídrico del país. Si los proyectos están mal diseñados, advirtió, pueden acelerar el derretimiento por material particulado, alterar flujos de agua o afectar la dinámica térmica. Por eso, la discusión ya no pasa tanto por si se puede hacer minería en altura, sino por cómo se hace y con qué controles desde el primer día.

En el cierre, Balart fue claro: la salida no está en oponer glaciares contra minería, sino en encontrar un equilibrio real entre protección ambiental, desarrollo económico y transición energética. Sostuvo que minerales como el cobre y el litio son claves para la descarbonización global, pero que eso no habilita cualquier emprendimiento. La tendencia, dijo, apunta a modelos basados en evidencia, con líneas de base glaciológica de alta resolución, monitoreo continuo y medidas adaptativas. En otras palabras, proyectos sólidos, responsables y con capacidad de demostrar que el impacto puede ser controlado en el largo plazo.