La causa por los acondicionadores de aires suma nuevas medidas contra los imputados
La causa por la presunta sustracción de equipos del Poder Judicial sumó un pedido fuerte: que los acusados no regresen a sus sectores mientras avanza la investigación. También apuntan al uso de una camioneta oficial para mover los aparatos.
La investigación por la presunta sustracción de equipos de aire acondicionado del edificio del Poder Judicial metió un nuevo giro y dejó más presión sobre los acusados. En la audiencia ante el juez de Garantías Matías Parrón, la Fiscalía planteó que el caso no solo sigue abierto, sino que ahora necesita medidas más firmes para evitar cualquier movimiento extraño mientras avanza la causa.
Según la exposición del Ministerio Público, los imputados habrían usado una camioneta oficial para trasladar los cuatro aparatos desde dependencias judiciales hasta la casa de uno de ellos. Por eso, pidieron que Gallardo y Albornoz queden sujetos a medidas cautelares, entre ellas fijar domicilio, presentarse de manera periódica ante la Justicia o la Policía y no tener contacto con personal de las áreas de Patrimonio y Servicios Generales.
La investigacion Penal Preparatoria tendrá un plazo de 8 meses mientras que los imputados quedaron libres tras la audiencia que se realizó este lunes.
Además, la Fiscalía solicitó que la Corte de Justicia de San Juan sea notificada de inmediato para impedir que ambos vuelvan a trabajar en esos sectores mientras siga el proceso penal. La causa tomó fuerte repercusión cuando se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de calle General Acha, donde se ve ingresar una Toyota Hilux y a dos hombres cargando los equipos con un carrito de transporte. Tras identificar a los involucrados, la Policía los detuvo y luego recuperó los cuatro aires acondicionados en los allanamientos.
El dato que más ruido hizo fue que el vehículo llevaba la inscripción "Vehículo recuperado del delito", una ironía que no pasó desapercibida y se viralizó enseguida en redes. Los equipos estaban en funcionamiento y formaban parte del equipamiento destinado a reparación o reutilización dentro del sistema judicial. Ahora, la causa sigue su curso y el pedido de la Fiscalía busca cortar de raíz cualquier posibilidad de que los acusados vuelvan a sus puestos mientras se define su situación.
