Baja el costo de contratar y crece la duda sobre cuántos empleos nuevos habrá de verdad

La puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) activa una de las piezas más sensibles de la reforma laboral que empuja el Gobierno nacional. La idea es directa: bajar el costo de contratar para que las empresas se animen a sumar personal en blanco. En los papeles suena prometedor, pero en la práctica todo dependerá de cómo se controle y de si realmente se cumple lo que dice la norma.

El cambio más fuerte aparece en la cuenta final. Las contribuciones patronales, que durante años se movieron entre el 18% y el 20%, pasarán a un esquema cercano al 5% durante los primeros cuatro años de una nueva contratación. Para una PyME, eso significa un alivio importante en los costos laborales. La apuesta oficial es que ese respiro se transforme en más puestos de trabajo registrados.

Daniel Persichella, abogado laboralista, lo explicó con claridad en diálogo con Telesol: "El objetivo es claramente promotor: abaratar la contratación para generar empleo". Desde esa mirada, el Ejecutivo intenta meter mano en uno de los problemas más duros del mercado argentino: la informalidad, que deja a millones de trabajadores en una situación frágil o, directamente, disfrazados bajo otras figuras como el monotributo.

Ahora bien, la clave no está solo en el incentivo, sino en el control. La reglamentación fija condiciones bien precisas: los trabajadores alcanzados deben haber estado fuera del sistema formal o sin empleo, y las empresas no pueden echar personal para reemplazarlo por otro más barato y quedarse con el beneficio. Si eso pasa, el régimen se cae y llegan las sanciones. El gran interrogante, claro, es si el Estado tendrá espalda suficiente para fiscalizar de verdad.

Ahí aparece la advertencia más fuerte. Persichella señaló que el riesgo es que el sistema se use mal, por ejemplo, "despidiendo a alguien con aportes completos para reemplazarlo por otro más barato". Dicho sin vueltas: la medida podría terminar premiando recambios de personal en vez de generar empleo nuevo. Y ese es el punto que más preocupa, porque una cosa es formalizar y otra muy distinta es maquillar lo que ya existía.

El régimen también apunta a sacar de la zona gris muchas relaciones laborales que hoy se encubren con monotributo. En ese terreno hay miles de casos que, según especialistas, podrían pasar a una situación más clara y protegida. Pero otra vez, todo queda atado a la capacidad de control. Sin inspección firme, la buena intención puede quedar en la nada.

Otro dato importante es que este beneficio no mejora el sueldo de bolsillo del trabajador. La baja recae sobre la carga patronal, no sobre los aportes personales. O sea: el empleado no cobra más por este esquema, pero tampoco debería perder derechos. El desafío es delicado, porque busca darle aire a las empresas sin tocar para abajo las condiciones laborales.

Además, el RIFL suma herramientas como el fondo de cese laboral, que reemplaza en parte el sistema tradicional de indemnizaciones, y establece límites como el 80% de la nómina bajo este régimen para evitar desbordes. Aun así, la letra chica y la aplicación concreta serán las que terminen marcando si esto funciona o si se desvirtúa en el camino.

El programa tendrá vigencia inicial por un año, hasta abril de 2027, por lo que también será una prueba política y económica de peso. Si logra empujar el empleo registrado, quedará como una de las bases de la reforma. Si no, se sumará a la larga lista de intentos que prometieron mucho y cambiaron poco. Por ahora, la expectativa es moderada: hay alivio para las empresas, pero también una duda grande sobre si el trabajo genuino va a crecer de verdad.