Minería, provincias y municipios tensan la pelea por la línea eléctrica clave de San Juan

La pelea por la infraestructura eléctrica del oeste argentino entró en una etapa caliente y con varios jugadores metidos en la cancha. El foco está puesto en la Línea de 500 kV Nueva San Juan-Rodeo, un corredor decisivo para la minería sanjuanina que hoy enfrenta objeciones de empresas, gobiernos provinciales y municipios. Del otro lado, la intención de darle a Vicuña Argentina S.A. una prioridad de uso casi total del sistema encendió todas las alarmas.

El 3 de junio de 2026, a las 10:00, el ENRE realizará una audiencia pública virtual, en el marco de la Resolución 219/2026. Esa instancia será clave para revisar las oposiciones presentadas contra el beneficio otorgado a Vicuña, que agrupa los proyectos Josemaría y Filo del Sol. La empresa busca quedarse con el 90% de la capacidad remanente de transporte eléctrico durante 25 años, un esquema que muchos consideran demasiado cerrado.

Entre los que salieron a marcar la cancha aparecen las firmas vinculadas a Eduardo Elsztain. A través de Golden Mining S.A., subsidiaria de Challenger Gold y titular de Hualilán, y de Casposo Argentina LTD, ligada a Austral Gold, cuestionaron de frente la exclusividad. Golden Mining sostuvo que ese 90% podría complicar la capacidad futura para su proyecto, que ya tiene aprobación ambiental y avanza en desarrollo. Además, planteó que el sistema debe respetar el acceso abierto, transparente y no discriminatorio.

Casposo, por su parte, puso el acento en la defensa de su reserva de 20 MW asignada por leyes provinciales. También pidió que Vicuña sea tratada como "beneficiario no iniciador", lo que obligaría a la minera a asumir los costos financieros de una ampliación que, en buena parte, fue sostenida con fondos públicos sanjuaninos antes de cualquier autorización. En criollo: no quieren que el negocio quede demasiado acomodado para uno solo.

La tensión también llegó desde La Rioja. El gobierno provincial, por medio de su Secretaría de Energía, presentó una oposición formal el 10 de marzo de 2026. Su reclamo es directo: piden que no se apruebe el acceso a la capacidad de transporte hasta que Vicuña Argentina se haga cargo del costo de las obras necesarias para asegurar una futura interconexión de 500 kV con esa provincia. Para la gestión de Ricardo Quintela, la obra puede ser estratégica, pero no a cualquier precio.

En paralelo, Andes Corporación Minera S.A., desarrolladora de Los Azules, presentó el planteo técnico más duro. Según su escrito, los cálculos del ENRE y CAMMESA se apoyaron en una hipótesis de "barra de potencia infinita", que no reflejaría la realidad operativa del sistema. Su estudio independiente, que contempló a la vez las demandas de El Pachón (300 MW), Vicuña (260 MW) y Los Azules (140 MW), concluyó que la capacidad real del corredor sería bastante menor a la informada oficialmente: entre 645 y 745 MVA, frente a los 854 MVA teóricos.

Con esos números sobre la mesa, el frente opositor advierte que la prioridad dada a Vicuña podría consumir hasta el 84,6% de la capacidad real, dejando casi sin margen a otros proyectos mineros de la cordillera. También se sumaron los municipios de Jáchal, Iglesia y Calingasta, que reclamaron cláusulas para liberar capacidad no utilizada y evitar que una obra financiada con fondos públicos termine funcionando como una barrera para el crecimiento de otros emprendimientos. El intendente de Jáchal, Matías Espejo, fue uno de los más firmes al pedir reglas claras y acceso abierto.

A ese planteo se plegó el EPRE de San Juan, que pidió postergar cualquier aprobación hasta contar con estudios más completos sobre seguridad y confiabilidad del SADI, especialmente en relación con el abastecimiento provincial. La audiencia será presidida por los ingenieros Aldo Julio Furnari y Oscar Medina, y Vicuña deberá defender su pedido de Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para obras que incluyen la ET Chaparro, la ampliación de la ET Rodeo y una nueva línea de alta tensión de 167 kilómetros.

La discusión no es menor: del otro lado aparecen promesas de inversión de 18.000 millones de dólares para Josemaría y más de 2.600 millones de dólares comprometidos por Los Azules, que ya adhirió al RIGI. En ese marco, el 3 de junio puede marcar un antes y un después. La definición del regulador va a mostrar si la expansión eléctrica en la zona minera seguirá concentrada en un solo actor o si, como reclaman provincias, municipios y empresas, se respetará el carácter público y de acceso abierto de la red.

Detalles de la audiencia pública:3 de junio de 2026, 10:00 h, modalidad virtual con transmisión por streaming. La inscripción estará habilitada del 16 de mayo al 1 de junio de 2026 en el sitio web del ENRE.