Crece la preocupación por Incluir Salud y ya faltan prestaciones clave
Las demoras en los pagos están complicando tratamientos, medicamentos y traslados. Desde las Defensorías del Pueblo exigen una respuesta inmediata del Gobierno nacional.
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), donde participa la Defensoría del Pueblo de San Juan, salió a marcar la gravedad de lo que está pasando con el Programa Federal Incluir Salud. El planteo apunta directamente a la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) del Ministerio de Salud de la Nación. En distintas provincias se multiplicaron los reclamos de personas que no logran acceder a prestaciones básicas. La situación ya empezó a golpear de lleno a quienes dependen de este sistema para seguir adelante con sus tratamientos.
Según advirtieron, los atrasos en los pagos a los prestadores vienen generando un efecto en cadena bien preocupante. Hay demoras en servicios de salud, rehabilitación, medicamentos, insumos y hasta en el transporte necesario para llegar a los tratamientos. En algunos casos, directamente, ciertas prestaciones quedaron suspendidas. El problema no es menor: Incluir Salud es la cobertura principal para titulares de pensiones no contributivas, sobre todo para personas con discapacidad que no tienen obra social. Cuando ese engranaje falla, el impacto cae sobre uno de los sectores más vulnerables del país.
Frente a este panorama, ADPRA pidió que las autoridades nacionales regularicen de manera urgente lo adeudado a los prestadores en todo el territorio. También reclamó que se garantice la continuidad de los tratamientos y la entrega de medicamentos e insumos, además de mejorar la comunicación con beneficiarios y profesionales. La entidad insistió en que hace falta una mejor articulación entre el Estado nacional y las provincias para que el programa funcione como corresponde. En ese marco, la Dra. Florencia Peñaloza, vicepresidenta de ADPRA, fue clara: "Desde la Defensoría del Pueblo de San Juan acompañamos este pronunciamiento porque estamos recibiendo reclamos concretos de personas que no pueden acceder a sus tratamientos. El Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de estas prestaciones, especialmente para quienes más las necesitan".
