Los Azules planta cara a Vicuña y denuncia favoritismo en uso de línea eléctrica
La minera Los Azules se adelantó y presentó su oposición a la decisión del ENRE que da prioridad a Vicuña Argentina para usar la línea Nueva San Juan–Rodeo, alegando que la resolución es injusta y viola normas nacionales. La controversia abre una grieta en la política energética y pone en jaque la coherencia del Estado.
Como anticipó Zonda Diario el 4 de marzo, los del Proyecto Los Azules no se quedaron quietos y salieron a chiflar contra la resolución del ENRE que favorece a Vicuña Argentina, otorgándole la prioridad para usar la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo. Según el sector minero, esta movida genera un desfasaje con la normativa nacional y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que apenas tiene meses de vigencia.
El análisis que hacen desde Los Azules indica que, según la resolución 79/2026 y los números que aporta CAMMESA, la capacidad remanente en la línea es del 71% equivalente a unos 606,34 MVA. Sin embargo, el ENRE le da casi el 90% de ese margen a Vicuña, es decir cerca de 545,71 MVA, una ventaja que consideran fuera de lugar.
Y ojo, porque Los Azules actuaron rápido, presentando su reclamo antes que el EPRE provincial, que recién se manifestó el 5 de marzo. El planteo de Los Azules habla de una interpretación desmesurada de la norma y critica que la prioridad se otorgue sobre una red ya existente - que fue una inversión colectiva donde también pusieron plata otros usuarios sanjuaninos - y no solo a futuras ampliaciones financiadas por Vicuña.
Este conflicto no es cualquier cosita: proyectos mineros como El Pachón o Altar también levantan la voz, además de los intendentes Matías Espejo y Sebastián Carbajal. Todos reclaman por la falta de transparencia y llaman a resolver el tema rápido, buscando que todos tengan acceso justo a la infraestructura eléctrica.
La movida de Los Azules tiene peso, porque su inversión se calcula en 2.672 millones de dólares y ya está aprobada en el régimen RIGI. Para ellos, tener prioridad en esa línea energética es vital, con una demanda estimada en 184,8 MW para el verano 2031/2032.
Desde lo jurídico y político, el sector denuncia que es complicado que el Ministerio de Economía apoye grandes inversiones mientras que el ENRE, que responde a la Secretaría de Energía y a esa misma cartera gracias al mando de Luis Caputo, dicte medidas que podrían frenarlas. Esto pone en cuestión la coherencia del Estado y la seguridad jurídica prometida con la Ley Bases, impulsada para recuperar certezas para inversores.
La gran incógnita que queda picando es si esta resolución tan polémica fue estudiada en serio en el Ministerio de Economía o pasó de largo. En el medio, la discusión deja al desnudo la fragilidad de nuestro sistema regulatorio y cómo las decisiones pueden torpedear grandes planes para San Juan.
