Diputados sanjuaninos en pie de guerra: alertan sobre un "colonialismo energético" y la entrega de recursos a empresas privadas

En medio de un clima tenso entre las decisiones del gobierno nacional y las autoridades provinciales, la Cámara de Diputados de San Juan se convirtió en la voz que defiende los intereses locales. Los legisladores Mario Herrero y Graciela Seva presentaron un proyecto que rechaza con firmeza la Resolución 79/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que acredita el 90% de la capacidad eléctrica que queda libre a la minera Vicuña S.A., titular de proyectos mineros como Josemaría y Filo del Sol.

Estos diputados advierten que no se trata de un mero trámite, sino de un pacto que entrega recursos estratégicos. Para Herrero, esta movida garantiza que el futuro energético y productivo de San Juan quede atado a la voluntad y capricho de una multinacional, que pasaría a administrar gran parte de la red eléctrica del norte provincial.

Según relató el legislador a Zonda Diario, la minera busca acceso a 260 MW y la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas de alta tensión, entre ellas una línea de 167 km hasta una estación bautizada Chaparro. Esto le permitiría capturar la mayoría de la capacidad que queda sin usar, dejando a futuro proyectos agrícolas, industriales o mineros sin chance de competir.

Para Herrero, lo que está en juego es nada menos que la soberanía: "Esto es un acto de colonialismo energético, una sinfonía donde Buenos Aires toma decisiones en despachos cerrados, sin escuchar a los sanjuaninos". El diputado denunció además la existencia de poderes empresariales que presionan para dejar pasar esta concesión, sin importar las consecuencias para la gente y la economía local.

Un dato que agudiza la denuncia es la aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un régimen que, de aprobarse, pondría a la minera Vicuña S.A. por delante del abastecimiento básico de electricidad para hospitales, escuelas y la producción local en general. Herrero describió el cuadro como "poner el carro delante de los caballos" y quedarse sin nada para la comunidad mientras una empresa privatiza lo que es de todos.

Para colmo, la infraestructura eléctrica en cuestión fue construida y financiada durante más de 20 años por los sanjuaninos a través del Plan de Infraestructura Eléctrica del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Por eso, los diputados consideran una injusticia que quien no puso un peso ahora pretenda manejarla a su antojo.

La iniciativa legislativa también pone en vidriera la disputa institucional: el EPRE ya se pronunció en contra de esta maniobra y solicitó una audiencia pública para poder defender los intereses provinciales. Los legisladores recordaron que bajo normativas previas el EPRE era el único ente habilitado para estas obras, y acusaron al ENRE de pisarse sus propias reglas y dejar de lado a San Juan.

Por último, los diputados se apoyaron en artículos de la Constitución de San Juan que garantizan el derecho a una calidad de vida digna, la función social de la economía y el dominio originario sobre los recursos naturales, principios que se ven comprometidos con esta resolución nacional.