Monopolio VIP: el ENRE le entrega un corredor energético casi completo a Vicuña y hace estallar la bronca en San Juan
La resolución 79/2026 del ENRE generó una polémica bárbara en San Juan al concederle a Vicuña Argentina S.A. el 90% de la capacidad disponible del corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo por 25 años, dejando a otros proyectos con las manos atadas y complicando la soberanía energética provincial.
ENRE publicó la resolución 79/2026 en el Boletín Oficial y ahí nomás se armó un abanico de denuncias desde San Juan. Lo que ellos venden como un avance para la minería, muchos actores locales y empresas rivales lo ven como una "expropiación regulatoria" que pone en bandeja de plata a Vicuña Argentina S.A. (que maneja los proyectos Josemaría y Filo del Sol) el control absoluto del corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo (500 kV) durante un cuarto de siglo.
¿Dónde está la trampa? En el 90% de la capacidad restante del corredor que le otorgaron a Vicuña, basado en cálculos que indican que la capacidad total remanente es del 71% de 854 MVA, o sea unos 606,34 MVA. Así, la compañía se queda con unos 545,71 MVA, una cifra que duplica por mucho la potencia real de 260 MW que necesitan para sus operaciones. Ojo al piojo: este banquete deja fuera de competencia a cualquier otro que quiera usar la línea durante 25 años.
Los expertos no se callan y tiran con todo. Critican la falta de transparencia del ENRE, que no presenta los cálculos técnicos completos ni los criterios usados, con supuestos idealizados como tomar la estación Nueva San Juan como una "barra infinita", lo que infló la capacidad real que se le asignó a Vicuña. Además, señalan que están pasando por encima de la normativa del Sistema Argentino de Interconexión, que garantiza acceso abierto y justo.
Pero la cosa no termina ahí. El proyecto Los Azules, aprobado con una inversión millonaria de 2.672 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), también está frenado en seco por esta jugada, ya que planea usar ese corredor para su demanda de 184,8 MW en el verano 2031/2032. ¡Un papelón del Estado que se contradice solo!
Lo peor es que esta línea eléctrica fue financiada casi en partes iguales por fondos públicos provinciales y nacionales, producto del esfuerzo de los sanjuaninos que aún siguen pagando por ella. Críticos no dudan en llamarlo una "burrada" y un atentado contra la soberanía energética que la provincia no se merece.
En medio de esta polémica, el EPRE de San Juan salió a exigir una Audiencia Pública vinculante para poner luz sobre el impacto real de esta resolución y frenar esta movida a medias opaca. Piden estudios técnicos sólidos, un esquema que favorezca a todos los usuarios y resarcimientos justos para la provincia por esta concesión unilateral.
Qué no se confunda nadie: la mochila más pesada la lleva la soberanía energética de San Juan y el futuro de inversiones gigantescas en la región. Para que la fiesta siga, los gobiernos deben abrir el juego, dejar atrás la exclusividad y pensar en un desarrollo que incluya a toda la comunidad.