Reforma del Estado y movida judicial: el Gobierno define fichas clave en el Gabinete

Después del encendido discurso de Javier Milei para inaugurar el período de sesiones ordinarias, en el Ejecutivo ya se ponen las pilas para una reforma estatal que asoma en 2026. Mientras tanto, los pasillos de la Casa Rosada hierven con rumores de cambios en el Gabinete.

En el oficialismo circulan fuertes versiones de que Guillermo Montenegro sería el hombre llamado a reemplazar a Mariano Cúneo Libarona al mando del Ministerio de Justicia. Pero ojo, no todo gira en torno al nombre del flamante ministro. La pelea más fuerte está en la permanencia del actual viceministro, Sebastián Amerio.

En las juntadas internas se barajó la chance de mandar a Amerio como Procurador General en lugar de Eduardo Casal, y hay datos que apuntan a que desde marzo podrían empezar a tratar esos movimientos judiciales.

La disputa interna es tan picante como un buen locro: por un lado, los equipos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bancan que el nuevo ministro tenga la libertad de traer un segundo que sea de su riñón. Por otro, los allegados al asesor presidencial Santiago Caputo no aflojan y defienden que Amerio siga en su lugar, destacando su mano directa con el Presidente y su papel clave en la reforma penal y judicial que se viene, especialmente en cambios al Consejo de la Magistratura.

Desde sectores neutrales esperan que el propio jefe de Estado tire línea y evite que estas internas estallen en paredón. Mientras tanto, en el Ejecutivo afinan la tijera para achicar aún más el Estado, claro, como antesala a la reforma impositiva. La consigna es que cualquier rebaja de impuestos no se traduzca en un desfasaje fiscal, una línea que el oficialismo no está dispuesto a cruzar.

Así, en lo inmediato no hay planes de revoluciones tributarias. La idea es avanzar con proyectos que combinen recortes de gasto con objetivos claros y plazos estrictos. En la mira está la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que quedó rezagada en la reforma laboral reciente.

Además, preparan una reingeniería del empleo público que abarca desde la planta permanente, la carrera administrativa, hasta la reorganización de la maquinaria estatal. Y no es todo: ya empiezan los trámites formales para privatizar algunas empresas públicas, con un acelerón previsto para marzo, aunque los dividendos económicos llegarán más adelante.

La agenda se completa con un repaso de los códigos Aduanero, Penal y Civil y Comercial, la eliminación de las PASO y ajustes en el financiamiento partidario. Para ponerle la cereza al postre, se cocina una nueva Ley de Seguridad Nacional que repasará las funciones de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

En la Rosada tienen fe en la alianza calibrada en febrero para meter este combo en el Congreso y darle forma a esta nueva etapa.