Alerta en Brasil: Hackers robaron millones y van por la plata del Estado, ¿peligra el gasto público?

El viernes pasado, Brasil estuvo a un paso de un verdadero quilombo financiero. Un grupo de hackers intentó dar un golpe zarpado contra la Caixa Econômica Federal, uno de los bancos públicos más importantes del país vecino, el mismo que maneja programas sociales y la plata de todos. El plan era doble: por un lado, querían desviar fondos de las cuentas de pago instantáneo y, por el otro, ¡directamente robar la guita de los programas del Gobierno y el presupuesto público! Si lo lograban, habrían dejado temblando al Estado y su capacidad de bancar el gasto social. Por suerte, la Policía Federal se puso las pilas y detuvo a ocho personas, aunque ellos niegan todo.Esta movida del viernes es solo la última de una seguidilla que tiene en jaque al sistema financiero brasileño. Los investigadores creen que son los mismos que, en junio, protagonizaron el mayor robo informático de la historia, llevándose 800 millones de reales (unos 150 millones de dólares) de ocho bancos. En esa ocasión, lograron su golazo sobornando a un empleado de una empresa que conecta a los bancos con el sistema de transferencias rápidas Pix. La mayor parte de la torta se la llevó el Banco BMP, con 479 millones de reales perdidos. Algunos piensan que todo esto podría ser una venganza del Primer Comando de la Capital (PCC), una banda narco, por operativos policiales contra sus finanzas.Las últimas semanas fueron un descontrol. A fines de agosto, atacaron a Sinqia, otra empresa tecnológica, robando 710 millones de reales, aunque el Banco Central logró frenar gran parte. La víctima principal ahí fue el banco HSBC. Días después, le tocó a la fintech Monbank, donde se llevaron casi 5 millones de reales, aunque por suerte recuperaron la mayoría. Y ni hablar del ataque a E2 Pay, una empresa no autorizada, donde los hackers, como si nada, usaron la nueva normativa de límites de 10.000 reales para hacer un montón de transferencias chiquitas y pasar desapercibidos.El último intento, el del viernes, fue de película. Los delincuentes estaban a punto de conseguir una computadora con acceso a la red interna del banco, gracias a la complicidad de un empleado en una sucursal de San Pablo. Querían las claves para vaciar los fondos estratégicos del Banco Central. Pero un funcionario sospechó y alertó a la cana. Así, mientras uno de los hackers era agarrado in fraganti con la notebook, la policía irrumpía en una casa donde otros seis se preparaban para lanzar el ataque. Ahí encontraron pruebas de una planificación meticulosa: alquiler de la casa, llegada de "doleiros" para lavar la plata, y transformación inmediata del dinero robado en criptomonedas para mandarlas al exterior.Justamente, el Primer Comando de la Capital (PCC) se ha vuelto un experto en el lavado de dinero usando criptomonedas. Antonio Nicaso, un experto en crimen organizado, cuenta que antes el PCC ni entendía de Bitcoin, pero ahora son unos capos y hasta minan sus propias cripto. Esto convierte al narcotráfico en un negocio global. Paraguay, nuestro vecino, se transformó en una meca para la minería ilegal de criptomonedas, con incautaciones gigantes de computadoras usadas para este fin. En Brasil, aunque no es ilegal minar si tenés permiso, el robo de energía para alimentar estas granjas de computo es un problema creciente, como se vio con un tipo que fue detenido la semana pasada en Río por conectarse clandestinamente a la red.Frente a este manso quilombo, el Banco Central de Brasil no se quedó de brazos cruzados. Anunciaron nuevas reglas para el sector de criptoactivos, que se esperan antes de fin de año, y están preocupados por el uso de "stablecoins" para ilícitos. Además, para ponerle un freno a los ciberataques, impusieron un límite de 15.000 reales (unos 2.800 dólares) por cada transferencia digital para instituciones de pago no autorizadas. La idea es que los delincuentes tengan que hacer miles de operaciones chiquitas, aumentando las chances de que los agarren. También adelantaron la fecha límite para que todas las instituciones de pago obtengan su licencia, pasando de 2029 a mayo de 2026. Una medida para que nadie opere sin control.Esta situación en Brasil nos muestra que el crimen organizado no para de evolucionar, usando las últimas tecnologías para sus fechorías. Lo que pasa allá, con ataques a la plata del Estado y el uso de criptomonedas para lavar ganancias, es un reflejo de un problema que trasciende fronteras y nos obliga a pensar en cómo protegemos nuestros sistemas financieros y, en última instancia, el dinero que se usa para el bienestar de la gente. Un desafío enorme que exige que los gobiernos se pongan las pilas y actúen rápido.