Golpe al alquiler "en negro": CABA multa a las plataformas que no registren propiedades
El Gobierno porteño se puso las pilas y va con todo contra las apps de alquiler temporario sin registrar, buscando emparejar la cancha con los hoteles y asegurar una competencia leal.
Actualmente, las multas pueden llegar hasta los 731.620 pesos. Pero eso no es todo: también se van a seguir de cerca las denuncias en Defensa del Consumidor para que aplique sus propias sanciones, y la AGIP le va a caer a los dueños que no paguen el Derecho de Uso Urbano, un impuesto para turistas de afuera.
Valentín Díaz Gilligan, el capo del Ente de Turismo de la Ciudad, no se guardó nada y avisó que, como las multas de acá no alcanzan, van a hacer una presentación con todos los incumplimientos ante la Security and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. ¡Un golazo para que estas empresas multinacionales cumplan las reglas!
Además, se viene un proyecto de ley para reforzar y aumentar las multas, buscando que estén a la altura de lo que se maneja a nivel internacional. La idea es clara: que todas las opciones de alojamiento jueguen con las mismas reglas para tener un turismo más seguro y transparente en la Ciudad.
Esta decisión del gobierno porteño no es casualidad. Llega en un momento donde la demanda hotelera está por el piso y el sector no puede cubrir sus costos fijos, con una caída del 26,6% en la llegada de extranjeros en julio. La baja del turismo receptivo es un quilombo para muchos.
No es un quilombo solo de acá. En otros países, como España, Nueva York y París, también implementaron regulaciones pesadas para estas plataformas. Las multas por no registrarse o no cumplir las normas pueden ser zarpadas, llegando a los 500.000 euros en algunos casos.
En la Ciudad ya se había modificado la normativa en febrero para simplificar la inscripción de inmuebles, y de hecho, Buenos Aires es el único lugar del país con una ley específica para esto. Díaz Gilligan destacó que se duplicó el número de propiedades inscriptas y ahora las plataformas son responsables de recaudar el Derecho de Uso Urbano.
La intención es acompañar al sector privado para que todas las opciones de alojamiento compitan de manera justa. Un paso importante para ordenar la cancha y que nadie se haga el vivo.
