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Reunión cumbre

Gobernadores buscan plantarse ante Milei y el Gobierno mete presión

Después de la votación en el Senado, los gobernadores se juntan para armar bloque y frenar el veto de Milei. 

Imagen relacionada con la noticiaCrédito: Diario Popular

Tras la dura derrota que le dieron a la Casa Rosada en el Senado, los gobernadores no se quedaron de brazos cruzados y reactivaron el grupo de WhatsApp para preparar una cumbre virtual vía Zoom. La idea es clara: juntarse para definir cómo plantarse en bloque frente al gobierno nacional y frenar el inminente veto de Javier Milei a la ley de suba de jubilaciones y moratoria previsional.

Desde el Ejecutivo, no se quedan quietos y volvieron a mover fichas contactando a los mandatarios aliados para recomponer vínculos y sumar apoyo en el Congreso. En ese juego, el eje formado por Karina y Lule Menem toma protagonismo, mientras que los libertarios se hacen su propio lío interno, dejando el triángulo de hierro bien crujido.

Además, la liga de gobernadores planea una reunión presencial en la sede del CFI en Buenos Aires, similar a la que tuvieron antes de que se aprobaran los proyectos para redistribuir el impuesto a los combustibles y el giro automático de los Adelantos del Tesoro Nacional. Según un colaborador cercano, la aprobación fue más un golpe político a la Casa Rosada que un simple reclamo de fondos para oxigenar las arcas provinciales.

En números, el proyecto para el giro de los ATN implica unos 253.000 millones de pesos (menos de 200 millones de dólares) para repartir entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma, una cifra que, aunque importante, es casi una gota en el mar frente al ahogo por recortes en obra pública y caída de recaudación. Según un informe presentado ante el Ministerio de Economía de Luis "Toto" Caputo, el costo fiscal para el gobierno nacional sería apenas el 0,03% del PIB.

Por otro lado, el proyecto para eliminar fideicomisos financiados con el impuesto a los combustibles suma 714.000 millones de pesos (menos de 700 millones de dólares), con un costo fiscal estimado del 0,08% del PIB.

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