Creció 145% la cantidad de presos en comisarías desde 2016: muertes, hacinamiento y problemas de salud
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reporta un aumento del 145% en presos en comisarías, con sobrepoblación, malas condiciones sanitarias y al menos 54 muertes en 2023.
La cantidad de personas detenidas en comisarías de todo el país creció un 145% en los últimos ocho años. Pasó de 5.422 presos en 2016 a 13.287 en diciembre de 2023, el último registro oficial. El incremento supera la capacidad de alojamiento en un 36%, causando hacinamiento, mala alimentación, falta de atención médica, denuncias de violencia policial y al menos 54 muertes en 2023.
Así lo informó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en un informe presentado en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso. El análisis de 218 páginas revela las malas condiciones en comisarías, alcaidías y unidades penitenciarias de todo el país.
El informe señala que las personas alojadas en comisarías y dependencias policiales exceden la capacidad en un 36,9%. De las 24 provincias, 10 tienen sobrepoblación notable, siendo Tucumán la más afectada con un 426%, seguida por Santa Fe con 205% y Buenos Aires con 188%.
Las comisarías son lugares de detención transitoria, donde la permanencia debería ser de 48 a 72 horas, pero hay personas que permanecen años, incluso ya condenadas. Estas sedes policiales no cuentan con infraestructura ni personal adecuado para detenciones prolongadas, afectando tanto a detenidos como a la operativa policial.
La infraestructura, describen, es insuficiente: falta de iluminación y ventilación, uso de patios, pasillos y baños como espacios de detención y regímenes muy estrictos que impiden la recreación. Además, conviven detenidos por delitos graves con otros por contravenciones en las mismas celdas.
El hacinamiento provoca la falta de camas y obliga a muchos a dormir en colchones en el piso. Hay insuficiencia de sanitarios, lo que lleva al uso de botellas como sanitarios improvisados. Esto acelera el deterioro de paredes, mobiliario e instalaciones eléctricas.
Las condiciones generan problemas de salud como infecciones cutáneas y respiratorias, malnutrición e infecciones gastrointestinales. Las comisarías no cuentan con atención médica propia, por lo que los detenidos deben ser trasladados a hospitales. También se mencionan faltas de atención para salud mental y consumo de drogas.
La alimentación es problemática: en algunas provincias no reciben alimentos estatales, en otras se contratan empresas privadas o se utiliza comida sobrante de cárceles. La mayoría depende de familiares para la provisión de comida, ya que la dieta oficial suele ser insuficiente y poco saludable, agravando problemas nutricionales.
Respecto a la violencia, en 2024 se entrevistó a 849 personas detenidas y 189 denunciaron haber sufrido violencia policial, un 22%. Las denuncias incluyen golpes, ataduras, interrogatorios violentos y requisas desnudos con humillaciones. La violencia es recurrente, especialmente para jóvenes y adolescentes, que además son hostigados regularmente por policía en sus barrios.
El dato más grave son las muertes ocurridas en los lugares de detención: durante 2023 hubo al menos 54 fallecimientos en establecimientos policiales y 132 en intervenciones policiales, una tasa de mortalidad de 3,9 cada mil detenidos. El 87% de las muertes corresponden a hombres entre 18 y 29 años.
El informe señala que puede haber muertes no reportadas debido a demoras e imprecisiones vinculadas a la misma fuerza policial implicada.
En conclusión, el aumento constante de presos en comisarías supera ampliamente la capacidad de las instalaciones y genera condiciones inhumanas que afectan gravemente la salud, seguridad y derechos de los detenidos. Se requiere atención urgente a esta problemática por parte de las autoridades nacionales y provinciales.
