Un juicio de lesa humanidad quedó postergado por derivación del caso Rubiño
Un represor recusó al juez Echegaray porque su abogado también representa a la familia de Lucía Rubiño, quien acusa al hijo del magistrado por la muerte de la joven. El juez aceptó apartarse y el debate se reprogramará tras la feria judicial.
Un inesperado cruce entre causas judiciales derivó en la suspensión de un juicio clave por delitos de lesa humanidad en San Juan. La audiencia, prevista para el 4 de julio, quedó aplazada luego de que el juez federal Hugo Echegaray decidiera apartarse del tribunal que iba a juzgar a los represores Juan Francisco Del Torchio y Eduardo Cardozo. El detonante fue un planteo inédito: uno de los acusados solicitó la recusación del magistrado porque su defensor también patrocina a la familia Rubiño, que apunta al hijo de Echegaray como responsable de la muerte de Lucía, ocurrida en 2023.
El pedido fue realizado por Del Torchio, quien alegó tener un "temor fundado de parcialidad" ante el vínculo que une al juez con una de las partes querellantes en otra causa mediática. En efecto, el abogado Marcelo Fernández Valdez —defensor del represor— también representa a la familia Rubiño, la cual apeló el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo del juez federal, por el accidente que terminó con la vida de la adolescente.
El planteo fue sorpresivo, ya que no está contemplado expresamente como causal de recusación en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, Echegaray decidió correrse del proceso "para garantizar la imparcialidad" y preservar la legitimidad del juicio, según se desprende de su resolución. La decisión fue confirmada por fuentes judiciales.
El tribunal estaba conformado por los jueces Eliana Rattá, Daniel Doffo y el propio Echegaray. Ahora, Doffo y Rattá deberán decidir si hacen lugar formalmente a la recusación y, en ese caso, designar a un reemplazo. De todos modos, el inicio del juicio ya no será antes del receso invernal que comienza el 7 de julio, y aún no hay nueva fecha definida.
Del Torchio y Cardozo están acusados de la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a Abraham Cruz Videla, odontólogo vinculado a AOMA y al hospital de Valle Fértil, quien fue víctima del aparato represivo durante la dictadura. Ambos ya cumplen condenas a prisión perpetua por otros crímenes cometidos como integrantes del denominado "grupo de tareas" del RIM 22.
La causa Rubiño, en paralelo, continúa sumando recusaciones y obstáculos. Ya son cinco los jueces locales que se apartaron del expediente por vínculos personales con la víctima. El próximo en la lista es el camarista Renato Roca, aunque la familia ya anticipó que también será objetado si no se excusa voluntariamente.
