La oposición busca frenar en el Congreso los cambios de Milei en la Policía Federal
Democracia para Siempre argumentó que hay zonas grises en el decreto, como todo lo referido al ciberpatrullaje, que podrían vulnerar los derechos de las personas.
El bloque "Democracia para Siempre", liderado por Pablo Juliano y Facundo Manes, presentó un proyecto para derogar el decreto presidencial que crea el Departamento Federal de Investigaciones. También denunció la medida ante organismos internacionales.
El bloque opositor "Democracia para Siempre" presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca derogar el decreto 383/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) dentro de la nueva estructura de la Policía Federal Argentina (PFA). La iniciativa también fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerarla inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales.
El proyecto fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Mariela Coletta y Carla Carrizo. En el texto se declara "la nulidad absoluta de todo acto administrativo o jurídico dictado" en virtud del decreto, al considerar que excede las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases y Puntos de Partida.
El presidente Milei anunció la reforma el pasado 17 de junio en la sede del Cuerpo de Policía Montada, acompañado por los ministros Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Karina Milei (Secretaria General) y el titular de Diputados, Martín Menem. En su discurso, afirmó: "Pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal del mundo".
Según el Gobierno, la creación del DFI apunta a prevenir, investigar y desarticular delitos federales y organizaciones criminales. La medida se oficializó mediante el Decreto 383/2025, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso en 2024, que vencen el próximo 8 de julio. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya adelantó que no se prorrogarán.
Desde el bloque opositor argumentaron que el Ejecutivo no puede dictar normas generales que afecten derechos fundamentales. "El Congreso solo habilitó la reorganización administrativa de órganos centrales, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas restrictivas de los derechos de las personas", sostuvieron.
El diputado Fernando Carbajal fue más allá y denunció al Gobierno argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una medida cautelar para impedir la entrada en vigor del decreto. "Se están modificando los Códigos Procesales, estableciendo condiciones para detener personas, lo que implica un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos", advirtió.
Uno de los puntos que más preocupación genera entre los legisladores opositores es la ambigüedad de algunos términos del decreto. "Conceptos como "amenaza a la seguridad del Estado" o "alteración del orden público" no están debidamente definidos, lo que abre la puerta a interpretaciones amplias y peligrosas", señalaron. Y alertaron sobre el posible uso discrecional de las fuerzas de seguridad, incluyendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje o la criminalización de organizaciones sociales.
La iniciativa legislativa ya comenzó a generar debate tanto en el Congreso como en la opinión pública, en medio de una creciente tensión por los límites del poder del Ejecutivo en materia de seguridad y derechos civiles.
