El Gobierno prorroga hasta julio de 2026 los subsidios a las tarifas de luz y gas
La prórroga mantiene el esquema de segmentación por ingresos que subsidia parte de las tarifas eléctricas y de gas. Se busca una transición ordenada y evitar el corte abrupto en el servicio.
El Gobierno decidió prorrogar hasta julio de 2026 el régimen de segmentación de subsidios a las tarifas de luz y gas, vigente desde 2022. Este esquema fija la asistencia estatal según niveles de ingresos: altos, medios y bajos. La extensión se formalizará mediante un decreto que se publicará en las próximas horas.
Originalmente, el régimen vencía el 31 de diciembre de 2023. La gestión de Javier Milei había planeado eliminar los subsidios desde comienzos de 2025, para que la mayoría de los usuarios paguen el precio pleno de la energía, manteniendo subsidios únicamente en la tarifa social destinada a los sectores más vulnerables. Sin embargo, esta definición se pospuso hasta el 31 de mayo de 2025, en el contexto de la emergencia energética y el calendario electoral.
Paralelamente, el Gobierno inició la Revisión Quinquenal Integral (RQI) para distribuidoras y transportistas de luz y gas, un proceso que comenzó este mes, además de implementar un plan de contingencia para minimizar cortes eléctricos durante el verano.
La prórroga permite una transición ordenada para trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética y garantizar el acceso imprescindible al consumo para usuarios residenciales vulnerables.
En los últimos días, la Secretaría de Energía recortó el subsidio por Zona Fría a la tarifa de gas para más de 150.000 usuarios que tenían dos o más medidores a su nombre. También eliminó la subvención a la energía eléctrica para 15.500 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA, con planes para extender estos ajustes a otros countries del país.
El régimen actual contempla tres niveles de usuario: N1 (altos ingresos o quienes nunca solicitaron subsidios), N2 (bajos ingresos) y N3 (ingresos medios). Aproximadamente 9,5 millones de usuarios de ingresos medios y bajos reciben asistencia estatal parcial en sus facturas, con descuentos que pueden llegar hasta un 65% sobre el precio pleno, según bloques de consumo.
El Gobierno estima que el proceso de sinceramiento tarifario ha llevado a que la mayoría de los usuarios realicen pagos que cubren aproximadamente un 80% del costo total de la energía.
La medida busca garantizar el superávit fiscal y una transición gradual en el sistema tarifario español.
