San Juan reclama deuda millonaria a Nación por presos federales alojados en penal provincial
San Juan reclama desde 2022 el pago de una deuda por más de 150 presos federales alojados en su Servicio Penitenciario. Nación adeuda varios años y paga menos de lo que cuesta mantener a un interno.

La Provincia de San Juan mantiene desde hace años un reclamo formal ante el Gobierno nacional por una deuda millonaria correspondiente al alojamiento de presos federales en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). El tema fue confirmado este martes por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien brindó detalles sobre la situación financiera y operativa que representa este déficit.
"La Nación nos debe casi todo el 2022, el 2023 completo, el 2024 y lo que va del 2025", aseguró Delgado, explicando que San Juan no cuenta con una unidad penitenciaria federal, por lo que los detenidos por causas federales, aproximadamente 150 internos, son alojados en la cárcel provincial con todos los costos que eso implica para el Estado sanjuanino.
El costo real de mantener a un interno hoy ronda entre 8.000 y 10.000 pesos diarios, pero Nación está pagando solo 2.000 pesos. "Es una cifra desactualizada que claramente no cubre lo que cuesta tener un interno alojado aquí", expresó Delgado, y agregó que esos valores llevan años sin ser actualizados.
Pese a la falta de respuestas satisfactorias, la Provincia continúa realizando gestiones permanentes ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, para que la deuda se salde, ya sea mediante un pago directo o con colaboración en otros aspectos operativos.
"No queremos solamente el dinero, pero al menos que se traduzca en tecnología, en equipamiento, en todo lo que sea útil y que la provincia necesita. Estamos hablando de un reclamo justo y necesario para seguir garantizando la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario", concluyó el funcionario.
El reclamo, que ya lleva tres años, representa una carga económica considerable para San Juan, que debe afrontar con recursos propios un gasto que, por competencia, corresponde al Estado nacional. Desde la Secretaría de Seguridad se busca que esta situación no solo se regularice, sino que se establezca un nuevo esquema de compensación más acorde a los costos actuales.