El juez Eduardo Raed confirmó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, imputado por la muerte de Lucía Rubiño. Fiscalía y defensa sostienen falta de pruebas para juicio.

Este viernes se vuelve a poner en la mira el caso de Lucía Rubiño con una audiencia clave para revisar el fallo que dejó libre a Juan Pablo Echegaray, conductor desvinculado en mayo. La familia y la querella no aflojan y piden justicia.

Los magistrados se apartaron de la impugnación al sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la causa por la muerte de Lucía Rubiño. El sexto juez podría ser recusado por la querella, mientras la causa sigue sin definiciones claras.

El abogado de la víctima cuestiona la falta de fundamentos sólidos en la decisión judicial que liberó al joven imputado. El proceso continuará en una instancia superior.

El fiscal explicó que la falta de pruebas y conclusiones de pericias llevó al sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la causa por la muerte de Lucía. El proceso judicial seguirá su curso en otra instancia el 27 de mayo.

Guillermo Chirino, referente de Familias del Dolor, criticó duramente el accionar del Ministerio Público Fiscal y anunció el respaldo a la familia Rubiño para pedir el enjuiciamiento de los funcionarios judiciales.

Este martes vence el plazo para definir si sobreseen a Echegaray por la muerte de la adolescente o si el caso va a juicio. Hay tensión entre fiscalía y querella.

La audiencia prevista para esta tarde podría definir el futuro procesal de uno de los imputados, mientras la familia de la víctima convoca a la ciudadanía a manifestar su apoyo en Tribunales.

Marcelo Fernández, abogado de la familia Rubiño, expresó su rechazo al pedido de la fiscalía.

Juan Pablo Echegaray podría ser sobreseído en la causa principal, pero será investigado por presuntas picadas ilegales.

La causa por la muerte de la joven albardonera continuará con un único imputado: un menor de 17 años que conducía el vehículo involucrado.

A pesar de esta decisión, el joven aún será investigado por otro delito relacionado con las picadas ilegales, según el Artículo 193 del Código Penal Argentino.