Las provincias venían disfrutando de un 10% más de transferencias automáticas, pero la fiesta se terminó. Para 2025, se anticipa que recibirán lo mismo que en 2024.

Los gobernadores, con Orrego a la cabeza, quieren repartir distinto la plata de los combustibles y avisan que tienen mayoría en el Congreso para aprobarlo pese al veto presidencial.

Buenos Aires lideró las pérdidas con $595.295 millones, de los cuales $400.850 millones correspondieron a recortes en transferencias automáticas y los restantes $194.445 millones fueron reducciones en partidas discrecionales.

Si bien confió en que la situación "se va a resolver", el mandatario provincial reiteró que si la administración de Javier Milei "insiste", la decisión de interrumpir el suministro de petróleo y gas que genera la provincia "está tomada".

El Presidente lanzó un mensaje en el que cita un artículo del Código Penal que advierte "prisión de tres meses a dos años" en caso de impedir "el normal transporte de sustancias energéticas".

Lo planteó el ministro del Interior, Guillermo Francos, en medio de las negociaciones por la votación en particular de los artículos de la ley ómnibus.

Mandatarios, legisladores y dirigentes se reunieron con el ministro Guillermo Francos. Pulieron detalles de la ley ómnibus, que se encamina a su tratamiento. Orrego estuvo presente.

Los diversos distritos argentinos sienten el impacto de la quita de la coparticipación de ganancias y buscan compensar el recorte: cuáles son las más perjudicados.

Esto se debe a las medidas que tomó Massa en la campaña electoral pasada que afectó directamente en las finanzas.

Así lo anunció el gobierno nacional que ante la inflación decidió aumentar la ayuda económica.

El diputado Nacional manifestó que al CABA le corresponde el 1.4% y no el 2.95% que falló a favor la Justicia.

El presidente Alberto Fernández ya le entregó el pedido formal.