El diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Álvaro Martínez, presentó un proyecto para cambiar de punta a punta el régimen penitenciario. La idea central es prohibir el uso de celulares en las cárceles y meter más control sobre las comunicaciones.
Martínez fue al hueso: habló de terminar con el “Call Center tumbero”. Según planteó, las cárceles tienen que servir para reinsertar personas y no para que sigan manejando bandas desde una celda. Bastante claro, sin vueltas.
El proyecto propone modificar la Ley 24.660 para frenar el uso de teléfonos celulares, internet, llamadas por línea fija y correspondencia, salvo canales autorizados y monitoreados. También apunta a cortar maniobras vinculadas con estafas, secuestros virtuales, narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.
Además, la iniciativa trae otro cambio que ya levantó cejas: uniforme obligatorio según la peligrosidad del detenido, que podría ser leve, media o alta. Y suma un Arancel Único Carcelario para que los internos paguen comida, luz, agua, asistencia médica y uniforme dentro del penal.
El legislador mendocino sostuvo que quien está privado de su libertad también debe hacerse cargo de sus gastos, como cualquier vecino que labura y paga sus cuentas. El texto incluso recuerda que en abril ya había impulsado otra propuesta con penas de 1 a 3 años de prisión por tener un celular en un penal, con un agravante de 3 a 5 años si se usó para delinquir. ¿Va a pasar o queda picando en el Congreso?